Los grandes retailers denuncian “desamparo” ante la normativa del alquiler del Gobierno

Los grandes retailers, en pie de guerra contra la normativa del Gobierno para la regulación de los alquileres tras el Covid-19. Después de que el martes el Consejo de Ministros diera luz verde a una moratoria y una rebaja de rentas para locales de grandes tenedores, las asociaciones Comertia, Amicca y Eurelia denuncian que “las empresas de retail se sienten totalmente desprotegidas y desamparadas ante la supuesta normativa de ayuda al sector, que solo va dirigida a pymes y autónomos y deja fuera a la mayoría de las compañías de comercio, restauración y servicios organizados, que tienen más de 250 trabajadores en plantilla.

En el marco de un plan de rescate de 4.220 millones de euros para hostelería, comercio y turismo, el Gobierno estableció que los propietarios de locales tendrán un periodo de siete días para llegar a un acuerdo con el inquilino para realizar una rebaja de la renta. En caso de no alcanzar un pacto en el plazo previsto, el arrendatario podrá optar entre una quita del 50% o un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de que finalice el estado de alarma.

Las tres asociaciones piden al Gobierno que “en la normativa se aplique el 50% de reducción de las rentas para todas aquellas empresas que tienen alquilado un establecimiento a grandes tenedores, como se ha aplicado por RDL 34/2020 en Cataluña, del cual pueden beneficiarse todos aquellos puntos de venta que han permanecido cerrados durante la pandemia”. “Dada la actual situación de incertidumbre e inestabilidad, las tres entidades consideran que la medida más equitativa sería aquella que permitiera ajustar un alquiler variable en función de las ventas”, agregan.

“Las empresas de retail se sienten totalmente desprotegidas y desamparadas ante la supuesta normativa de ayuda al sector”, sostienen Comertia, Amicca y Eurelia

Según los grandes operadores de retail que forman parte de estas asociaciones, “para poder optar a esta ayuda, la normativa exige que la actividad del local haya estado suspendida o que se haya reducido la actividad en un 75% con relación al mismo mes del año anterior, dejando fuera a empresas (de nuevo solo pymes y autónomos) que hayan facturado, por ejemplo, un 70% menos”.

En este sentido, denuncian que “esta nueva normativa sobre la renta de los locales comerciales, lejos de compensar el cierre y las restricciones de actividad del sector, sólo beneficia a los grandes tenedores (propietarios de más diez de inmuebles o superficie alquilada superior a 1.500 metros cuadrados)”.

Las tres asociaciones muestran su “indignación ante una normativa que, en lugar de inyectar ayudas directas, se reduce a sentar las bases para un pacto entre las partes (arrendador y arrendatario), otorgando ventajas a los grandes tenedores y dejando a su arbitrio poder escoger la opción de pago del arrendatario”. “En el caso de centros comerciales, además, los gastos de comunidad o de mantenimiento se tienen que seguir pagando normalmente y no quedan afectados por la nueva norma”, agregan.