Consumo propone multar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro

Decisión tomada. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto este lunes imponer una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte del departamento que dirige Pablo Bustinduy. 

Según ha revelado la asociación de consumidores Facua, “3.600.902 euros es la cuantía a la que asciende la multa que la subdirección general de Inspección y Procedimiento Sancionador del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto para Alquiler Seguro”. 

Hace unos meses, este ministerio abrió un expediente sancionador a una “gran agencia inmobiliaria” por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler en todo el territorio nacional, sin revelar inicialmente el nombre de la empresa. 

La asociación de consumidores Facua había denunciado a Alquiler Seguro en noviembre de 2023

Posteriormente, Facua informó que la compañía afectada era Alquiler Seguro, a la que había denunciado en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la ley de vivienda.

La propuesta de sanción presentada por el ministerio, que debe ser valorada ahora por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, continuará en fase de análisis durante los próximos meses, dado que se espera una decisión una vez revisadas las alegaciones formuladas por las partes.

En la resolución, comunicada a Facua conforme a lo establecido en la ley (ya que la asociación figura como parte personada en el procedimiento), se detallan las irregularidades localizadas en los contratos que la inmobiliaria firma con los arrendatarios, mientras se desestiman las alegaciones de la agencia contra la primera propuesta de sanción emitida en marzo.

Entre esas irregularidades, Consumo destaca la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica. A ello se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.