La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Urbas y juzgará a sus responsables

Urbas continúa en los juzgados. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por Urbas Grupo Financiero y, por tanto, procederá a juzgar al presidente de esta compañía, Juan Antonio Acedo, y su antecesor, Juan Antonio Ibáñez, por presunta estafa y delito societario en la ampliación de capital de julio de 2015 de 384 millones de euros.

La compañía señala que se reafirma en la completa legalidad de esta ampliación de capital y asegura que intentará disipar cualquier duda que el mercado pueda tener a lo largo de este procedimiento, según un hecho relevante de Urbas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

El caso judicial se remonta a 2017, a raíz de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, que apreció supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros que se aportaron mediante activos “sobrevalorados” de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

Urbas realizó una ampliación de capital de 384 millones de euros en 2015 

La promotora insiste en que las valoraciones de los activos aportados en la ampliación de capital, que son el objeto del proceso judicial, han sido ratificadas “en numerosas ocasiones”. El resultado de estas nuevas tasaciones fue un valor incluso superior al de la ampliación de capital, de 528 millones de euros, diecinueve millones de euros más que la valoración de esos mismos activos en 2015.

El resultado de estas tasaciones, que se realizan por las mismas entidades tasadoras que realizan el procedimiento de otras sociedades inmobiliarias cotizadas bajo los mismos métodos y criterios valorativos, es que los activos arrojan unos valores iguales o superiores a los aportados en la ampliación de capital.

Según el auto dictado en octubre de 2020 por el instructor de la causa, el juez José Luís Calama, “una parte significativa de los inmuebles fueron tasados por una sociedad” vinculada, y un “porcentaje superior al 70% de las nuevas acciones de Urbas correspondían a entidades vinculadas a los administradores”.

El magistrado apunta que “el 70% de las nuevas accionesde Urbas correspondían a entidades vinculadas a los administradores”

Según Calama, en uno de los informes emitidos por el consejo de administración de cara a la ampliación de capital se analizaba la situación de las sociedades integradas en Aldira, expresando "unas plusvalías no ajustadas a la realidad e injustificadas, que desvirtuaban completamente el sentido de la operación". 

Lo que hace apuntar el magistrado que “el engaño es el nervio y alma de la infracción”. Además de señalar que los accionistas mayoritarios de ambas compañías son las mismas personas.