La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha multado con 2,8 millones de euros a dos fondos de inversión por tener dos fincas vacías desde hace más de seis años en las calles de Aragó y Pau Claris, en el distrito del Eixample. El criterio que se ha utilizado para poner la multa es la ley del derecho a la vivienda de 2007, que contempla sanciones por mal uso de la vivienda, que tiene una función social y debe estar habitada. Si permanece vacía más de dos años, puede ser sancionado su propietario, dice la ley. En total, los edificios suman 24 viviendas.

“No son multas que impongamos para recaudar, sino para que entiendan la lógica de la necesidad de poner un bien de primera necesidad en uso”, ha explicado Colau durante una entrevista en el programa Aquí Cuní, de Ser Catalunya.

Colau ha defendido su política en materia de vivienda y ha recordado medidas como la construcción de 70 promociones, la imposición a los promotores privados de hacer un 30% de pisos sociales, o condicionar ayudas a la rehabilitación a mantener el precio de los alquileres.

La multa se podría rebajar si la propiedad accediera a ceder los pisos al Ayuntamiento

Las sanciones a los dos propietarios de fincas del Eixample han sido posibles tras la puesta en marcha de la Unidad de disciplina en la vivienda del Ayuntamiento, que busca corregir comportamientos que vulneran la legislación en materia de vivienda. Las multas previstas por mantener pisos desocupados más de dos años oscilan entre 90.000 y 900.000 euros cuando se produce la utilización irregular de las viviendas su desocupación permanente.

Las sanciones se podrían rebajar si la propiedad accediera a ceder los pisos al Ayuntamiento para que los incluyera en su bolsa de vivienda social. De hecho, explican fuentes municipales, en el caso de la finca de la calle de Aragó el Ayuntamiento ya emplazó a la propiedad a ceder las 17 viviendas, sin obtener respuesta. La propiedad solicitó en 2015 hacer un hotel pero la licencia fue denegada y está tramitando una licencia para hacer pisos. También en el caso de la calle de Aragó el consistorio el Ayuntamiento ha ofrecido alternativas a la propiedad para que los pisos tengan un uso social.