Barcelona reservará ocho solares para promover más de 500 pisos sociales y equipamientos

Barcelona amplía su parque de vivienda social. El Ayuntamiento de la capital catalana ha anunciado que adquirirá tres solares y reservará cinco más para cualificarlos como equipamientos y promover un total de 512 viviendas dotacionales destinadas a jóvenes, ancianos y otros colectivos, según Europa Press.

El consistorio, que llevará a cabo esta medida mediante la modificación del plan general metropolitano (MPGM), todavía no ha precisado cuál será el precio de los activos,  que deberán reservar un espacio para equipamiento público en las planas bajas.

Los solares que el Ayuntamiento pretende comprar están ubicados en el número 100 de la Avenida Paral·lel, entre los barrios del Poble Sec y Sant Antoni; en el número 132 de la calle Nàpols, al lado de la plaza Tetuán; y en el número 31 de la avenida Santuari de Sant Josep de la Muntanya, finca vinculada al Park Güell y okupada hace más de dos décadas. En todos los solares, el consistorio dice estar llevando a cabo “los trámites necesarios” para adquirirlos.

El resto de parcelas, situadas en el número 3 de la calle Ciutat, en el número 1 de la calle Sant Isidre, en el número 6 de la calle Alzina, y en el número 138 del paseo Vall d’Hebron, en los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montüic, Gràcia y Horta-Guinardó respectivamente, son propiedad del Ayuntamiento. El último solar, el del número 8 de la Vía Laietana, es la actual sede del Instituto Nacional de Estadística y de la Oficina del Censo Electoral, que son propiedad del consistorio junto a otras administraciones públicas.

Los terrenos han sido seleccionados por su ubicación, accesibilidad, por sus características para uso residencial y por la disponibilidad de los servicios y equipamiento necesarios. Sin embargo, los proyectos de rehabilitación todavía no han sido concretados. Este anuncio se produce un mes después de que la alcaldesa, Ada Colau, recibiera luz verde de la Generalitat de Catalunya para instaurar una medida que obliga a los promotores a destinar un 30% de todo proyecto residencial de obra nueva o de reforma a VPO.