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22 Nov 201908:14

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Cronología del Brexit: una trituradora de plazos, compromisos y primeros ministros para la desconexión

El avance del proteccionismo y el populismo reanimaron el euroescepticismo británico en el referéndum de 2016.
30 Sep 2019 — 04:49
MARC MENCHÉN
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Cronología del Brexit: una trituradora de plazos, compromisos y primeros ministros para la desconexión

 

 

El Canal de la Mancha conecta de forma rápida a Reino Unido con Europa, pero el país del té a las cinco siempre ha tenido tentaciones de mirar al otro lado, al Atlántico, en busca de esa “special relationship” con Estados Unidos. Una relación especial que muchos analistas califican más de supeditación, pero que pone en riesgo una visión atlántica de Occidente y en jaque la única idea que logró integrar países bajo una misma visión del mundo sin necesidad de violencia. Todo ello pese a que Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos entre 1913 y 1921, ya les recordó que “no somos primos y mucho menos hermanos”. Y, aun así, el 23 de junio de 2016 los británicos decidieron que valía la pena abandonar la Unión Europea (UE) para seguir en solitario.

 

El leave recibió el 51,9% de los votos, apenas cuatro puntos de diferencia con los partidarios del remain. Un resultado que evidencia la fragmentación de la sociedad, y que es el resultado de décadas de historia de un país tradicionalmente euroescéptico. Años después, parte de la Cámara de Representantes se muestra favorable a un Brexit sin acuerdo, y en la reflexión de cómo esta situación ha llegado a producirse es necesario ir mucho más allá de las causas coyunturales de la última gran recesión y las consecuencias de la globalización en la sociedad.

 

Reino Unido jamás se ha sentido completamente integrado en la UE. No empezó a formar parte de la Comunidad europea hasta 1973, y un año bastó para que el entonces primer ministro Harold Wilson pidiera renegociar los términos de entrada. Una década después, Margaret Thatcher entonó el célebre “I want my money back” (“quiero mi dinero de vuelta”) con el que consiguió reducir la aportación económica del país a la Comunidad Económica europea. En 1984 logró el cheque británico, un mecanismo de compensación para el país por las subvenciones agrarias que reciben sus aún socios comunitarios.

 

 

 

Proteccionismo y recelo hacia las política inmigratorias de la UE

En definitiva, desde los inicios Reino Unido se ha mostrado distante con la Unión, y prueba de ello es que han desestimado participar en las políticas de integración más potentes, como la creación del espacio aéreo Schengen o la moneda única. Son decisiones que ponían de relieve que el país siempre ha deseado operar por su cuenta y no limitar su sistema a las votaciones de 27 estados. A estos factores se suman los coyunturales, en los que se conjugan el alza del proteccionismo, el recelo hacia lo extranjero y el inicio de una era de introspección, que tan bien representa la política de Donald Trump en Estados Unidos, aliado tradicional de Reino Unido.

 

Este caldo de cultivo alimentó a los partidarios del Brexit, deseosos de que el país recuperara su soberanía completa y dejara de derivar competencias a Bruselas. Eran los mismos que entendían las políticas de integración y de libre circulación de la UE como una amenaza para sus puestos de trabajo y para su sistema educativo y sanitario. Ese contexto explica por qué el 23 de enero de 2013 David Cameron se comprometió a convocar un referéndum sobre la permanencia o salida de la UE si ganaba las elecciones de 2015, pese a no ser un entusiasta de la idea y desconocedor de que el pensamiento de Londres podría no ser compartido en las regiones que la desindustrialización de los ochenta dejó en el olvido.

 

 

 

Dicho y hecho. En mayo de ese año el Partido Conservador se hizo con la mayoría absoluta y sólo bastaron cinco meses para que la Cámara de los Comunes autorizara la convocatoria de referéndum para el 23 de junio de 2016. El sí a la desconexión aceleró un proceso que se antojaba complicado; la primera ficha en caer fue la de Cameron, que presentó su dimisión para que otra figura partidaria del Brexit asumiera el testigo. “Sigo creyendo que Reino Unido estaría más seguro y sería más fuerte y próspero dentro de la Unión Europea; pero los británicos han decidido seguir otro camino y necesitamos un nuevo primer ministro”, afirmó horas después de que trascendieran los resultados.

 

 

Theresa May asume el cargo y se posiciona a favor del Brexit duro

Al cese como jefe del Ejecutivo el 13 de julio de 2016 le siguió la designación de Theresa May como presidenta, que abrió un nuevo capítulo en el proceso de desconexión al mostrarse favorable a un Brexit duro. “Aunque estoy segura de que es posible llegar a un acuerdo positivo, también tengo muy claro que ningún acuerdo para Gran Bretaña vale más que un mal acuerdo”, afirmó el 17 de enero de 2017.

 

Dos meses más tarde, May envió una carta al presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en la que activaba el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciaba un proceso de divorcio que debía culminar con Reino Unido fuera de la Unión en un plazo de dos años, a más tardar, el 29 de marzo de 2019.

 

A partir del 31 de marzo 2017, empezó una primera fase de negociación que finalizó en diciembre y que supuso una pequeña victoria para la UE, ya que Reino Unido aceptó las condiciones que le planteó Bruselas al comprometerse a pagar la factura del Brexit, garantizar los derechos de los ciudadanos europeos, y alcanzar un pacto sobre la frontera con Irlanda. Esa fue la primera de las etapas convulsas que vivió May en el Gobierno, ya que, tras anticipar elecciones para reforzar su posición, salió más debilitada y el Partido Conservador perdió la mayoría en el Parlamento.

 

 

 

 

La segunda fase de negociación debilita aún más a May

La satisfacción de la primera ministra por haber superado la fase inicial de negociaciones duró poco; el 8 de junio de 2018, el negociador europeo Michel Barnier rechazó la propuesta británica para evitar una frontera rígida entre Irlanda del Norte, territorio británico, y la República de Irlanda, que forma parte de la UE. Desde Bruselas se alegó que el plan aduanero propuesto vulneraba el mercado interior europeo, lo que obligó a las partes a seguir conversando hasta alcanzar un acuerdo el 13 de noviembre de 2018.

 

El convenio no gustó a muchos, y generó un carrusel de dimisiones en el Ejecutivo de May, cada vez más aislada en su propio gabinete y más cuestionada en la Cámara de los Comunes. La tensión era tal que el 12 de diciembre fue sometida a una moción de confianza que superó por 200 votos favorables y 117 en contra. Con todo, el 9 de enero de 2019 el Parlamento aprobó una enmienda en la que se exigía un plan B de urgencia en el caso de que el acuerdo con Bruselas no fuera ratificado por la cámara baja. Era un mecanismo que vaticinó la negativa del Parlamento a aprobarlo, situación que volvió a repetirse el 12 de marzo.

 

La negativa del poder legislativo abocó al país a un periodo incierto en el que, o se prorrogaba el plazo de desconexión que estaba fijado para el 31 de marzo, o Reino Unido firmaría un Brexit duro. Dos meses después, Theresa May anunció su dimisión para el 7 de junio, Boris Johnson tomó el testigo, y aceleró el camino hacia una desconexión sin acuerdo. Hoy, es mucho más factible un Brexit a cualquier precio.

 

 

 

 

Johnson pide cerrar el Parlamento, pero la Cámara responde

La llegada de Johnson al número 10 de Downing Street intensificó el proceso hasta dejarlo en punto muerto. El primer ministro tomó el poder el 14 de julio y, tan solo un mes y medio después, pidió clausurar la Cámara de los Comunes para favorecer un Brexit sin acuerdo. Fue un movimiento arriesgado que acabó con parte de los tories y de la sociedad posicionándose en su contra. “Es un escándalo constitucional y un ataque contra el proceso democrático y los derechos de los parlamentarios”, afirmó John Bercow, presidente del parlamento británico.

 

El Tribunal Supremo ha declarado ilegal esa maniobra y el 31 de octubre se asoma como un nuevo deadline incumplido. Antes, el día 19, finaliza el plazo para encontrar un acuerdo en el Parlamento, y todo parece indicar que Johnson deberá pedir a Bruselas una nueva extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa. El primer ministro ya ha asegurado que no solicitará una prórroga, por lo que todo indica que la Cámara de los Comunes presenciará una nueva batalla entre parlamentarios. Mientras tanto, muchos añoran a Winston Curchill. Un hombre de Estado que tras la Segunda Guerra Mundial tenía claro cuál era el futuro: “Reino Unido es una parte integral de Europa, y nosotros debemos jugar nuestra parte en la reanimación de su prosperidad y grandeza”.

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