El Congreso abre el debate de la ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

La proposición de ley de la vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llega al Congreso. La Cámara debatirá mañana la iniciativa, registrada en enero por Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH-Bildu, después de que el Tribunal Constitucional impidiera el efecto del veto del Gobierno de Mariano Rajoy a las leyes de la oposición.

La normativa propuesta, que también defiende el PSOE, regula la dación en pago retroactiva y establece mecanismos de segunda oportunidad para su concesión. De salir adelante, la ley también eliminará cláusulas abusivas en la concesión de hipotecas y derogará la responsabilidad ilimitada de los deudores hipotecarios.

La iniciativa también prevé extender la actual moratoria de desahucios a todos los casos en los que se trata de la primera y única vivienda. Asimismo, plantea que bancos y grandes tenedores deban ofrecer alquiler social antes de la ejecución de un desahucio.

El paquete de medidas legislativas también prevé una intervención en el mercado del alquiler, permitiendo que las corporaciones locales puedan frenar “aumentos abusivos” de las rentas. También eleva a cinco años la duración mínima de los contratos de arrendamiento.

Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem y ex activista de la PAH, será la encargada de defender el martes la ley en el Congreso. Además de los partidos que han registrado la normativa y el PSOE, para que sea tomada en consideración serán necesarios los apoyos del PDeCAT y del PNV.

La norma requiere del apoyo de PDeCAT y PNV para ser tomada en consideración

Se da por hecho que el PP y Ciudadanos votarán en contra de la normativa, ya que ambas formaciones permitieron en marzo que la mesa del Congreso aceptara el veto del Gobierno a la normativa. Este veto se basaba en el impacto presupuestario de la normativa, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy cifró en casi 90.000 millones de euros en los próximos veinte años.

La posición del PSOE será clave para la impulso de la norma, que también puede ser esencial para la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez. En particular, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos es una de las líneas rojas trasladadas por En Comú al Ejecutivo de Sánchez para dar su voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado de 2019.