El sector critica la “desprotección de los propietarios” ante la Ley de la Vivienda

“Es una medida cortoplacista y contraproducente”, “es una decisión controvertida que probablemente genere movimientos y alternativas para la imputación de estos costes”, “Volvemos a la situación previa a la Ley Boyer”. Estas son algunas de las opiniones de diferentes fuentes del sector inmobiliario en relación con el avance que se ha conocido este viernes del texto final de la Ley de la Vivienda.

“La limitación de los precios de los alquileres es una medida cortoplacista y contraproducente, que no resuelve el verdadero problema de fondo del alquiler en España: la falta de oferta”, señala la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), de la que forman parte compañías como Unibail-Rodamco Westfield (URW), Merlin, Azora o Lar, entre otros.

La entidad, que entre todos sus miembros suma más de diez millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA), apunta que el hecho que España cuente con una Ley de Vivienda “era necesario” pero lamenta que la regulación no “tuviera más alcance de miras y que hubiera contado con la opinión de todos los involucrados”.

Asipa añade que aprobar la Ley “de forma apresurada y con ruido político e ideológico de fondo, y a las puertas de unas elecciones no parece que sea la mejor forma de hacerlo, sobre todo en una cuestión tan importante como es la vivienda”.

Asipa lamenta que la ley no tenga “más alcance de miras” y que no haya contado “con la opinión de todos los involucrados” 

Desde el ámbito jurídico, y con la cautela correspondiente hasta que el Ejecutivo publique el texto oficial, se pone el foco en que la nueva legislación contribuye a una desprotección de los propietarios. “Volvemos a la situación previa a la Ley Boyer”, sentencia Arantxa Goenaga, abogada y socia del bufete jurídico Circulo Legal Barcelona. “Los avances de la nueva ley remiten al contexto de las rentas antiguas, con un propietario sujeto a un sinfín de regulaciones y topes, y con una rentabilidad menguante”, añade.

La abogada también apunta que, “el gran debate legal alrededor de la nueva ley girará en torno a la libertad de mercado y, sobre todo, al derecho a la propiedad privada; esta tiene una función social que, con la nueva legislación, se traslada desde los poderes públicos a los particulares y habrá que ver qué opina sobre ello tanto el Tribunal Constitucional como otros estamentos jurídicos europeos”, señala Goenaga.  

Rodrigo Caballero, socio director de Caballero&Fuentes Abogados, sostiene que “la limitación de la renta del alquiler es una decisión controvertida que probablemente genere movimientos y alternativas para la imputación de estos costes”, y añade que “esta decisión empodera al arrendatario, en una tendencia que ya existe en el mercado de exigir unos topes de crecimiento, por lo que veremos en el futuro que determinados contratos de arrendamiento irán en paralelo con contratos de servicios donde se podrá realizar la imputación de la subida de los precios; sea como fuere, falta por conocer cómo se calculará el índice de referencia que se pretende aplicar”, recuerda el abogado.

Arantxa Goenaga, de Circulo Legal Barcelona sostiene que “los avances de la nueva ley remiten al contexto de las rentas antiguas”

Caballero también pone el foco en el apartado de la Ley que incumbe a la vivienda social. “Es importante la consolidación en la legislación estatal de la figura de la vivienda dotacional pública, la que se puede construir en suelos destinados para dotaciones o equipamientos y también llama la atención el incremento de los porcentajes de reserva de edificabilidad para viviendas sometidas a algún régimen de protección, que se contrapone con los esfuerzos de las legislaciones autonómicas para permitir justificar la no aplicación de esas reservas”, señala.

El directivo comenta que, “el reto, como siempre en la vivienda protegida, será la capacidad de gestión, que es la asignatura pendiente de las administraciones y que no resolverá a golpe de leyes, sino mediante recursos económicos y mayor capacidad de colaboración público-privada”.

Iñaki Unsain, director general de ACV Gestión Inmobiliaria, califica como “desastrosa” la limitación del incremento de las rentas de las viviendas de alquiler a un 3% hasta el año 2025. El experto considera que aplicando este tope tanto a nuevos contratos como a contratos vigentes se corre el riesgo que se produzca “un aumento excesivo en el precio de la vivienda debido a que los propietarios querrán absorber este tope del 3% en el precio inicial del alquiler”.

Iñaki Unsain, de ACV Gestión Inmobiliaria advierte que “va a haber un traspaso de la oferta de alquiler convencional al alquiler turístico”

Unsain muestra su preocupación ante una posible retirada de producto por parte de propietarios que “pongan sus viviendas en venta antes de aplicarse esta regulación” y que produzca una caída de inversores en el mercado inmobiliario.  “La aprobación de esta regulación va a perjudicar a los más vulnerables, que no van a poder acceder a viviendas de alquiler; el resultado de estas medidas será una caída de la oferta y un excesivo incremento de los precios del alquiler”, explica.

El directivo advierte que ante la aplicación de esta nueva Ley de Vivienda “va a haber un traspaso de la oferta de alquiler convencional al alquiler turístico en caso de que este último no esté regulado, además de aumentar el número de operaciones en B”.