La Eurocámara insta a los estados a activar mecanismos para controlar el precio del alquiler

El pleno del Parlamento Europeo defiende la vivienda asequible. La Eurocámara ha pedido que se reconozca y proteja la vivienda digna y asequible. La resolución, aprobada con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones, insta a los Estados miembros y autoridades regionales y locales a adoptar disposiciones legales.

Entre las medidas que deben tomar las autoridades de los estados se encuentra la de contar con normativas de alquiler claras. Además, el órgano ha avalado el uso de mecanismos de control de las rentas como el que prepara España en la nueva Ley estatal de vivienda.

Para garantizar la seguridad de inquilinos y propietarios, el organismo propone “contratos de alquiler a largo plazo como opción predeterminada, junto con la transparencia y medidas como el control de los alquileres”. Además, la cámara ha solicitado a la Comisión Europea que incluya este principio en el Semestre Europeo, un ciclo de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias dentro de la Unión Europea.

El Parlamento Europeo ha avalado el uso de mecanismos de control de las rentas para los alquileres

La Eurocámara también pone el foco en “la creciente mercantilización de la vivienda, en particular en las ciudades”, y pide al Ejecutivo Comunitario que evalúe la contribución de las políticas y los reglamentos de la Unión Europea para evitar este uso del mercado residencial.

Además, la resolución de la Eurocamara insta a los Estados a que establezcan medidas fiscales para contrarrestar la inversión especulativa y desarrollar políticas de planificación urbana y rural que favorezcan a la vivienda asequible.

La cámara legislativa también ha pedido a la Comisión que establezca un marco regulador para el alquiler de alojamientos a corto plazo que dé margen de maniobra a las autoridades nacionales y locales para definir normas proporcionadas para estos servicios.

La Eurocámara también ha pedido que se reconozca la vivienda digna como derecho fundamental y pone el objetivo de que en 2030 ningún ciudadano comunitario carezca de un techo bajo el que dormir.