Las patronales alertan que la ley catalana de control de precios del alquiler es “incostitucional”

Las patronales de sector inmobiliario, en pie de guerra por la ley catalana de control de precios de alquiler. Tanto la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler (Asval) como varias asociaciones inmobiliarias catalanas han alertado de la inconstitucionalidad del proyecto de ley que debe votar este miércoles el Parlamento catalán sobre la limitación del precio de los arrendamientos residenciales.

Asval ha recordado que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó en agosto que el texto del proyecto de ley atenta contra la Constitución y el Estatuto catalán y que la Generalitat catalana no tiene competencias para regular los alquileres.

Asimismo, asegura que “la aplicación de esta próxima iniciativa generaría enormes desequilibrios en el mercado del alquiler en Cataluña y ahuyentaría la inversión necesaria para desarrollar un sector profesionalizado ante la falta de seguridad jurídica”. Además, alerta de que “el control de precios a medio y largo plazo produce una reducción de la oferta dificultando el acceso a una vivienda en alquiler”, lo que afecta especialmente a los colectivos vulnerables, las rentas bajas y los jóvenes.

Asval pedirá un recurso de casación ante el TC en caso de aprobarse la ley

Asval ha avisado que, en caso de aprobarse el texto, solicitará al Gobierno español y a los diferentes partidos políticos que impulsen un recurso de casación ante en Tribunal Constitucional (TC).

Por su parte, el Consell Català de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (Apce), la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida y el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (Cafbl) han enviado un comunicado conjunto en el que se avisa que “la clara inconstitucionalidad de buena parte del articulado del texto creará un tenso ambiente de inseguridad jurídica”.

Además, han recordad que “la inexistencia de un parque público de alquiler es responsabilidad de las administraciones públicas y no de los propietarios privados” y que la administración “debe adoptar medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social o renta limitada suficiente y estable”.