El Gobierno central ya ha dado un primer paso adelante para aumentar el número de viviendas protegidas en España. El Ejecutivo de Sánchez dedica en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 un apartado especial para el mercado residencial, en el que deja claros sus planes para el próximo ejercicio. Entre ellos, elevar en 20.000 el número de vivienda de alquiler social.

La Administración central, sin embargo, no es la única que intenta promover la vivienda asequible en el país. A las medidas previstas por el Gobierno, se suman las anunciadas por los ayuntamientos de Barcelona y Madrid a lo largo de este año. De hecho, tanto Manuela Carmena como Ada Colau han movido ficha para paliar un problema que golpea de lleno al mercado inmobiliario de ambas ciudades.

En sus presupuestos para 2018, el Ayuntamiento de Barcelona se comprometía a destinar 32,3 millones de euros para la promoción de la vivienda social en la capital catalana, la misma cantidad prevista para 2017. No obstante, en el ejercicio pasado, el gasto finalmente ascendió a 42,6 millones de euros, un 31% más que lo inicialmente presupuestado.

Barcelona se comprometió a destinar 32,3 millones de euros para la promoción de la vivienda social en 2018

Los esfuerzos financieros en materia de vivienda social, sin embargo, han caído en Barcelona respecto a años anteriores. Por ejemplo, en 2016 el gasto presupuestado para este tipo de actuaciones alcanzaba 50,7 millones de euros y en 2014, 111 millones de euros, según indican los datos proporcionados por el consistorio.

A pesar de rebasar los cien millones de euros en 2014, en 2013 (primer ejercicio con datos disponibles) sólo se destinaron 11,6 millones de euros a la promoción de residencial asequible, tanto de propiedad como de alquiler, en Barcelona. Con la consolidación de la recuperación económica en 2015, el presupuesto para ampliar la oferta de activos residenciales protegidos ascendió a 31,7 millones de euros, partida que se asemeja a la reservada para el ejercicio actual.

Al margen de las cuentas del ayuntamiento, la alcaldesa de Barcelona también ha puesto sobre la mesa otras actuaciones para impulsar la vivienda asequible en la capital catalana. Entre ellas, el consistorio y la Generalitat de Catalunya han acordado engordar con casi sesenta millones de euros más el Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB), organismo dedicado exclusivamente a promover el acceso a la vivienda. El objetivo último de ambas administraciones es la construcción, a lo largo de los próximos doce meses, de 800 nuevos pisos sociales.

En septiembre, Barcelona acordó obligar a los promotores a destinar un 30% a vivienda social

Además, la comisión municipal de Urbanismo de la capital catalana dio luz verde en septiembre a dos iniciativas que obligarán a reservar un 30% del techo construido a vivienda de protección oficial. Las medidas se aplicarán sobre la actividad de promotores de nuevos activos residenciales y grandes rehabilitaciones de inmuebles de más de 600 metros cuadrados. Se prevé que estas actuaciones ayuden a aumentar el parque de vivienda asequible de la ciudad en unos 334 pisos nuevos cada año.

La capital española se pone las pilas

Madrid ha liderado, junto con Barcelona, la recuperación del mercado residencial en España en los últimos años y el encarecimiento de su vivienda es el mejor reflejo de ello. Además, la capital española es una de las ciudades del país donde el ladrillo ha sido (y continúa siendo) un activo de inversión y de especulación para particulares, empresas y, sobre todo, fondos buitre.

La capital española ha visto caer su parque de vivienda pública en los últimos años. De hecho, la ciudad, que llegó a contar con 22.000 viviendas protegidas en 2013, ahora sólo dispone de 5.000. La intención de Manuela Carmena, tal y como anunció el pasado viernes, es que en los próximos años esta cifra ascienda, por lo menos, a 10.000 viviendas.

El consistorio madrileño tiene previsto para 2018 ejecutar obras en promociones de vivienda asequible por valor de 52,8 millones de euros, un 65% más que la partida pronosticada para todo 2017, según se indica en sus presupuestos.

Madrid prevé ejecutar obras en promociones de vivienda asequible por valor de 52,8 millones de euros en 2018

El gasto para la construcción de nuevas unidades repunta en este ejercicio, pero el destinado para la compra de viviendas para alquiler social cae un 64%. El ayuntamiento de la capital española ha previsto destinar quince millones de euros para la adquisición de nuevos activos en 2018, frente a los 42,2 millones de euros marcados para 2017.

Otra partida que también desciende en los presupuestos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) es el importe de las parcelas traspasadas por el ayuntamiento de Carmena para promover vivienda asequible. Mientras que en 2017 el conjunto de terrenos estaba valorado en veinte millones de euros, en 2018, esta cifra roza los doce millones de euros, un 40% menos.