El problema de la vivienda y los bomberos pirómanos

La vivienda está por las nubes y eso es un problema para el conjunto de la sociedad. Las razones por las que se produce este aumento de precios son diversas y responden sin duda a multitud de aspectos, tanto exógenos como endógenos del propio mercado inmobiliario. La recuperación de la economía es la principal razón del aumento de la demanda, azuzada además por unos bajos tipos de interés y un acceso cada vez mayor al crédito. Los precios también están influenciados, sin duda, por la escasez de oferta, una circunstancia ante la que el sector inmobiliario está actuando allí donde puede y ve naturalmente una oportunidad de rentabilidad.

El tira y afloja de la oferta y la demanda, que hizo que los precios se desplomaran tras el estallido de la crisis económica, juega ahora en contra de los jóvenes que no pueden emanciparse o de aquellos que se encuentran con menos dinero en el bolsillo por tener que dedicar más de su renta al alquiler. Y, por otro lado, muchas personas no pueden sencillamente permitirse vivir bajo un techo.

Entonces entra en juego la administración. A fin de garantizar el derecho a la vivienda, reconocido incluso por nuestra ley cero, la Constitución Española, las administraciones públicas cuentan con múltiples instrumentos a su alcance. ¿Cuáles utilizar?

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, han empezado a moverse y a plantear algunas medidas de calado (en caso de que se lleven realmente a término). Sin entrar en el detalle de las mismas, cabe preguntarse si las ideas esbozadas generarán el efecto que persiguen.

Aunque es políticamente difícil de defender, especialmente si se busca un efectismo político cortoplacista, hay que recordar que, en algunas ocasiones, ser muy garantista con los derechos del inquilino de un piso en alquiler genera efectos perversos para el conjunto del mercado. Ser bueno con el que ocupa el piso puede ser malo para el propietario que lo alquila legítimamente como uno de sus principales medios de vida. Y, lo que es peor, proteger a un inquilino (necesitado o caradura, que haberlos haylos) puede generar un efecto negativo en el conjunto del mercado. Dicho sin rodeos: si cuesta años, Dios y ayuda desahuciar a un inquilino por impago, se desincentiva la puesta en el mercado de alquiler de miles de viviendas.

Bien por Colau, Sánchez y todos los políticos que tomen medidas para promover el acceso a la vivienda de las personas que lo necesiten, sobre todo por aquellos que tengan en cuenta la opinión solvente de los agentes que conocen bien las características de este mercado, y que en muchas ocasiones pueden estar en disposición de colaborar con la administración.

Bien por ellos, pero cuidado, no se conviertan en bomberos pirómanos.