Residencial

El Ayuntamiento de Barcelona compra con sobre precio: se hace con dos edificio en Ciutat Vella por 6,5 millones

Las compras responden a una política de adquisiciones que ha llevado a cabo el equipo de Ada Colau los últimos meses. Con el fin de evitar un desalojo, el consistorio se ha hecho con, al menos, cuatro inmuebles en toda Barcelona.

C. Pareja

17 jul 2017 - 05:00

El consistorio de Ada Colau sigue elevando su cartera patrimonial con objetivo social. El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado la compra de dos inmuebles residenciales en el número 7 y 11 de calle Lancaster por 6,5 millones de euros, según fuentes cercanas a la operación. El Gobierno municipal, según las mismas fuentes, pagará un precio superior al de mercado cuando se cierre por completo la operación.

 

Ambos activos habían llamado la atención de un fondo inmobiliario internacional, que ya había firmado un contrato de arras para llevar a cabo la transacción, por la que iba a pagar 5 millones de euros. Según fuentes involucradas en la operación, el Ayuntamiento de Barcelona negoció de manera paralela con el propietario del edificio y fijó el precio de compra en 6,5 millones de euros. El Consistorio no ha querido hacer declaraciones al respecto.

 

La compra de este edificio responde a una política de adquisiciones que ha llevado a cabo el equipo de Ada Colau los últimos meses. Con el fin de evitar un desalojo, el Consistorio se ha hecho con, al menos, cuatro inmuebles en toda Barcelona que podían haber pasado a manos de fondos de inversión inmobiliaria de no haber interrumpido el proceso.

 

A principios del pasado año, al Ayuntamiento de Barcelona compró un edificio situado en el número 44 del paseo de Joan de Borbó, en el distrito de Ciutat Vella. La adquisición de este edificio, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, supuso una inversión por parte del Consistorio de 3,6 millones de euros y el uso de la finca se destinó a vivienda social. La adquisición de este tipo de inmuebles es una de las soluciones que el equipo de Colau está encontrando para sumar activos a su parque de vivienda social.

 

Este ejercicio ha sido uno de los más activos para el Consistorio en este tipo de adquisiciones. El Ayuntamiento anunció la compra del número 37 de la calle Leiva, ubicado en el barrio de Sants, por 2,7 millones de euros. El procedimiento fue el mismo que el que ha seguido con el de la calle Lancaster: un fondo de inversión llamado Vauras Investment se disponía a adquirir esta finca propiedad de una entidad financiera (Anida, del BBVA).

 

 

 

El Consistorio hizo uso de su derecho de tanteo y retracto con el objetivo de evitar que los inquilinos del inmueble fueran expulsados. Desde hace meses, los vecinos tenían en marcha una intensa campaña de protesta que había encontrado eco en el resto de la ciudad. En los dos últimos años, el gobierno de Colau ha comprado 167 pisos, con una inversión de 17,5 millones de euros.

 

MK Premium, una piedra en el zapato del Ayuntamiento

Pero todo no ha salido como el gobierno de Ada Colau esperaba. El pasado año, el número 13 de la calle Lancaster (edificio colindante a los dos que acaba de adquirir el Ayuntamiento) fue adquirido por el fondo inmobiliario MK Premium, con sede en Barcelona.

 

Este comunicó a los inquilinos que no renovaría los alquileres y pagó a varios de ellos para rescindir sus contratos antes de que finalizaran, a fin de vaciar el inmueble, rehabilitarlo y volverlo a comercializar a precios superiores. Desde entonces, ha habido un gran número de protestas por este movimiento, que desde el Consistorio han denunciado como “violencia inmobiliaria” en repetidas ocasiones.

 

 

 

 

 

 

El edificio está ubicado a poca distancia de la Rambla y con vistas al Palau Güell, por lo que los pisos podrán venderse o alquilarse por una importante suma una vez rehabilitados.

 

No obstante, MK Premium defiende que la resolución anticipada de todos los contratos se pactó “de forma amistosa” con cada inquilino, que recibió una compensación económica negociada caso por caso. Solo un vecino prefirió quedarse, a quien la empresa asegura que ha respetado hasta 2019, que será cuando cumpla su contrato de alquiler.