Ábalos busca un acuerdo con grandes tenedores para sacar pisos en alquiler social

Mejor voluntariedad que obligatoriedad. El Gobierno, con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a la cabeza, busca un acuerdo con grandes propietarios de viviendas para la puesta en el mercado de oferta con un alquiler asequible.

Desde el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, que se encarga de la elaboración y presentación de la ley, se han puesto en marcha encuentros con la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) y con la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) para intentar llegar a un acuerdo, según informa Expansión.

A diferencia del control de alquileres o las expropiaciones, medidas que reclaman desde Podemos, este acuerdo permitiría sacar de forma rápida pisos con alquileres baratos sin cercenar con ello las libertades de los propietarios o la seguridad jurídica. Se trata de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna sin llevarse por delante el de la propiedad privada.

El objetivo es pactar cesiones voluntarias con entidades privadas y grandes propietarios para que una parte de sus viviendas pasen a disposición del Estado a cambio de una compensación monetaria (la forma de este pago está por determinar). Estos inmuebles saldrían al mercado con alquileres baratos, lo que ayudaría a garantizar el acceso a la vivienda de colectivos vulnerables, una responsabilidad que, contrariamente a lo que defiende Unidas Podemos, descansa sobre los hombros de la administración.

El acuerdo completaría al Plan 20.000, con el que se aspira a construir 24.000 viviendas públicas para el alquiler

El acuerdo complementaría el ya anunciado Plan 20.000, con el que se aspira a construir 24.000 viviendas para aumentar el exiguo parque público de alquiler. Las del Plan 20.000 se construirían en ciudades españolas donde los precios se han disparado en los últimos años y alcanzan máximos históricos. El problema es que la construcción de viviendas como fórmula para destensar precios es eficaz, pero demasiado lenta. 

Por eso, mientras se moviliza suelo de la administración para su construcción, el equipo del ministro José Luis Ábalos se ha lanzado en busca de inmuebles ya construidos que sí puedan incorporarse de forma inmediata al parque social de vivienda.

En cuanto a quiénes se beneficiarían de este acuerdo con grandes propietarios, la fórmula está pensada para que colectivos en situación de vulnerabilidad puedan tener una solución habitacional, por lo que se centraría en personas que no puedan hacer frente a un alquiler o se encuentren afectados por un procedimiento de desahucio, por ejemplo.

El acuerdo con grandes tenedores por tanto también contribuiría a reducir los tiempos de espera de propietarios que quieren recuperar su inmueble en procedimientos de desahucio. Actualmente, el dueño de la vivienda afectada por uno de estos procedimientos debe esperar hasta tres meses para que la administración encuentre solución habitacional para quien la ocupa.

España cuenta con uno de los parques de vivienda pública más exiguos de Europa: apenas representa un 2,5% del total de la oferta nacional, al nivel de Bulgaria o Eslovaquia. Poco más de 450.000 pisos a disposición de colectivos vulnerables frente a los más de 4,6 millones de los que disponen Francia o Reino Unido.