Ábalos propone destinar el 50% de suelo público a vivienda protegida en alquiler

La nueva Ley de Vivienda sigue avanzando, aunque poco a poco. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana propone impulsar, en la nueva Ley que prepara para el gobierno, la vivienda protegida en alquiler a precio limitado y apuesta por establecer un porcentaje mínimo del 50% para esta tipología dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, tanto en actuaciones de nueva urbanización como en reforma o renovación de la misma, que deberá recogerse en la legislación sobre ordenación territorial o urbanística.

Entre las propuestas del Ministerio presentadas este lunes en la mesa de negociación, se ha instado a que haya “una definición clara” de vivienda vacía para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas sin ocupar durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley.

También aspira a que los ayuntamientos puedan modular el recargo previsto de la cuota líquida del IBI “con el objetivo de que tenga un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial y refuerce el instrumento de los ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad”.

El Ministerio propone también mejoras en la comunicación entre el órgano judicial y los servicios sociales en procedimientos de desahucio

Por otro lado, para mejorar la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad, el Ministerio propone mejoras en el procedimiento para garantizar una comunicación “efectiva y rápida” entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica o social.

En esta línea, el departamento que dirige José Luis Ábalos ha instado a asegurar que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones públicas o con el sector privado, “evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo”. Entre las vulnerabilidades se contempla también aquellas derivadas de condiciones económicas.