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Diario de información económica del sector inmobiliario

27 Enero 2023F15.40h

C

Residencial

Por Abel Pujol
28 Oct 2022
F04.58h
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Blackstone: okupación e impagos comprometen el 30% de activos de su socimi de alquiler

Albirana contabiliza 952 fincas de las que mantiene el derecho de propiedad, pero “no tiene la posesión física de las mismas”, según se expresa en los resultados del primer semestre. La cifra se ha más que duplicado en seis meses.  

Blackstone: okupación e impagos comprometen el 30% de activos de su socimi de alquiler

 

 

 

La okupación se cuela en el balance de los grandes grupos de inversión. Albirana, la socimi de alquiler del fondo estadounidense Blackstone, reconoce en sus cuentas semestrales que tiene el derecho de propiedad, pero no la posesión física” de un 30% de su cartera, que se sitúa alrededor de 3.200 unidades, según apuntan fuentes del mercado a EjePrime.  

 

Albirana contabilizaba a 30 de junio hasta 952 fincas en esta situación, que concentra casuísticas como la okupación ilegal de las residencias, una situación de impago del inquilino o derivadas de situaciones legales transitorias. La cifra de esta clase de activos en el balance de Albirana se ha más que duplicado en seis meses, ya que en diciembre de 2021 la socimi registraba 459 unidades en esa contingencia.  

 

Albirana nació en 2014 para agrupar las propiedades de Blackstone procedentes de la cartera de Catalunya Caixa, que concentra la gran mayoría de unidades en la provincia de Barcelona. El objetivo de la socimi era la gestión del parque residencial, pero la estrategia de Albirana ha virado desde el último año y medio.

 

Desde que Blackstone decidió a principios de 2021 desinvertir en el residencial español, la socimi ha ido traspasando parte de los activos con el contrato de alquiler vencido a otras sociedades del grupo, como Anticipa Real Estate, que se venden por el canal minorista.

 

 

 

 

El pasado agosto, Eduard Mendiluce, hombre fuerte de Blackstone en España y máximo responsable de las sociedades del grupo Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria, señalaba en una entrevista en El Economista que “España es el único país europeo donde se protege a los okupas”.

 

Mendiluce referenciaba esta sentencia en la normativa aprobada en Cataluña a principios de 2020. La reglamentación exigía a fondos, socimis, empresas y grandes propietarios, es decir aquellas personas físicas o jurídicas con más de quince viviendas en cartera, a ofrecer contratos de alquiler de siete años a familias en situación de vulnerabilidad que hayan ocupado la vivienda durante seis meses, aunque no tuvieran ningún contrato.

 

Esta legislación fue revisada meses después por el Tribunal Constitucional (TC) y declarada inconstitucional, perdiendo efecto de inmediato, pero Mendiluce declaraba que “este tipo de normas pueden dañar muy seriamente la inversión y el comportamiento de propietarios, inversores privado e institucionales”.

 

 

 

 

En los últimos meses, el sector inmobiliario ha elevado el tono respecto el fenómeno de la okupación ilegal de vivienda y ha exigido proactividad a las administraciones para reducir las afectaciones que le provoca.  El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (Cgcoapi) reclamó en agosto un pacto de estado contra la okupación de viviendas ante “el incremento de los casos registrado en España”, que según el organismo se debe “a la laxitud y la poca claridad de la ley, lo cual da muchas alternativas a los okupas para invadir la propiedad ajena con total impunidad”.

 

Los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) advertían de la necesidad de establecer una clara definición de los conceptos de “vulnerabilidad”, “propiedad privada” y “usurpación”, ya que según el organismo en estos momentos el marco jurídico es “muy indeterminado y cambiante, por la que la resolución de los procesos judiciales se eterniza”.

 

“Necesitamos un pacto de Estado en el que todos los agentes sociales, políticos y técnicos que intervienen en el funcionamiento del mercado puedan reunirse, llegar a un consenso y alcanzar una solución efectiva y a largo plazo”, apuntaba Jaime Cabrero, tesorero del Consejo General y presidente de Coapi Madrid, que puso de relieve la necesidad de establecer una regulación estable y de ámbito nacional.

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