El Congreso aprueba la Ley de la Vivienda con los votos en contra del PP y Vox

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con un respaldo de 176 votos, que representan la mayoría absoluta del hemiciclo, frente a 167 en contra.

En concreto, el texto ha contado con el voto a favor de Psoe, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya(ERC), Bildu, Más País, Compromís, PRC y Teruel Existe, mientras que el BNG se ha abstenido, aunque también ha vertido críticas por la invasión de competencias.

En contra se han situado PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, pero también PNV, Junts, PDeCAT, CUP y Coalición Canaria, que en su caso alegan invasión de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas.

De este modo la norma, que llevaba en el Congreso bloqueada más de un año, pasará ahora al Senado, con el objetivo de que se acelere su tramitación para que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

La ley limita la revisión del precio de los alquileres y rebaja a cinco las viviendas de los grandes tenedores

Entre otras medidas, la Ley de Vivienda impondrá nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permitirá rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impedirá a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.

En concreto, la norma mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Además, la nueva ley introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. De este modo, los desahucios no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.

Para defender el proyecto de ley han comparecido dos de las principales negociadoras del proyecto de ley, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.