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Diario de información económica del sector inmobiliario

11 Mayo 2021F12.17h

C

Residencial

Por EjePrime
05 Feb 2021
F10.18h

El Constitucional cree que el decreto de vivienda de la Generalitat “limita el derecho de propiedad”

La norma, aprobada en 2019, obliga a grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.

El Constitucional cree que el decreto de vivienda de la Generalitat “limita el derecho de propiedad”

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la normativa de vivienda que el gobierno de la Generalitat aprobó en 2019, al entender que limita el derecho de propiedad y prevé medidas “coactivas, no voluntarias” para los dueños de pisos que no pueden imponerse mediante un decreto ley, según Efe.

 

En su sentencia, notificada ayer, el TC expone los motivos por los que la semana pasada decidió anular por inconstitucional varios preceptos del decreto ley, entre ellos el que obligaba a grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.

 

El tribunal considera que los preceptos anulados “regulan medidas coactivas, no voluntarias, limitadas del derecho de propiedad”, que “constriñen estrechamente” a los dueños de viviendas mediante órdenes o deberes normativos “que ponen bajo la inspección y vigilancia de la administración”.

 

La sentencia declara inconstitucional este tipo de regulación puesto que, según recoge, supone una “imposición directa de deberes concretos a los propietarios con vocación de generalidad, estableciendo un régimen general de este derecho, algo vedado a los decretos-leyes”.

 

 

Por el contrario, la sentencia sí avala los preceptos del decreto-ley que obligan a incluir en los contratos de arrendamiento el índice de referencia de precios de alquiler que en su momento establezca la Generalitat.

 

No puede negarse la posible influencia de estos índices como criterios orientadores que puedan contribuir a ordenar el mercado de la vivienda”, añade el Constitucional que, sin embargo, subraya que ello no afecta a la libertad de las partes para estipular un precio superior o inferior.

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