Ahora Madrid sigue la estela de Ada Colau y pide vivienda social a promotores privados. El Ayuntamiento de Madrid propondrá recalificar suelos industriales a condición de quedarse un porcentaje de vivienda social. Lo ha anunciado José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, en una entrevista con EjePrime. La iniciativa responde a la voluntad del Ayuntamiento de Madrid de apostar por la vivienda social.

Desde que en 2010 empezaran a bajar el número de viviendas del parque público, Madrid no ha vuelto a recuperar las cifras previas a la crisis. Cuando el equipo de Manuela Carmena llegó al Ayuntamiento, el consistorio disponía de menos de 6.000 viviendas públicas. La alcaldesa se comprometió a recuperar 4.000, un objetivo que, a cuatro meses de finalizar su mandato, ha dejado a la mitad.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid propone pactar con los promotores privados para aumentar el parque público durante la próxima legislatura. La idea es recalificar suelos industriales para que los promotores puedan construir viviendas y, a cambio, exigirles un porcentaje de estas.

Una de las exigencias del ejecutivo de Carmena es que se trate de parceles independientes

“Yo le puedo decir al promotor que le recalifico el terreno como residencial y le pido el 30%, el 50% o el 70%”, dice Calvo. Los números no están claros, pero desde el Ayuntamiento entienden que tiene que ser una operación “rentable” y donde el “consistorio tiene que recibir la mayor cantidad posible de viviendas”.

Otra de las exigencias del equipo de Carmena es que se trate de parcelas independientes para evitar la situación con la que se puede encontrar Ada Colau en Barcelona, que quiere obligar a los promotores que hagan un 30% de pisos sociales “La propuesta de Colau tiene un problema jurídico porque las viviendas las entregan en proindiviso”, es decir que el Ayuntamiento comparte comunidad de propietarios con las promotoras.

En un caso como ese, “como administración, a lo mejor necesitas la vivienda para familias vulnerables y la comunidad te lo puede negar”, afirma Calvo. “Lo que se ha propuesto en Barcelona no funciona”, concluye.

El concejal difiere con la solución propuesta por Ada Colau en Barcelona

La propuesta de Colau se aprobó en el pleno del Ayuntamiento el pasado septiembre, con el voto de todos los grupos excepto Ciudadanos, que se abstuvo, y el PP, que votó en contra. Según la previsión del consistorio, el alquiler de una vivienda social de unos 80 metros cuadrados debería ser de 512 euros, y la compra, de 136.000. Teniendo en cuenta que cada año se construyen 1.114 pisos, el Ayuntamiento calcula acumular 334 nuevas viviendas al año.

La medida del Ayuntamiento no tuvo una buena acogida entre los promotores, que se reunieron esa misma semana en una comisión para estudiar la medida. La asociación catalana de promotores (Apce) cuestionó la legalidad de la propuesta y adviritó de que puede suponer un paro de nuevas promociones.