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Diario de información económica del sector inmobiliario

24 Septiembre 2021F13.44h

C

Mercado

Por EjePrime
07 Jun 2021
F11.40h

Baleares impondrá sanciones a inmobiliarias que anuncien infraviviendas

El Gobierno balear aplicará multas de hasta 30.000 euros a quien cuente en su portal con pisos patera o minipisos y a sus propietarios.

Baleares impondrá sanciones a inmobiliarias que anuncien infraviviendas

 

 

Baleares apuesta por la calidad de las viviendas. El Gobierno balear aplicará sanciones para acabar con las infraviviendas, los minipisos y los pisos patera con multas de hasta 30.000 euros a quienes anuncien este tipo de pisos.

 

Se multará a quien anuncie este tipo de pisos, tanto propietarios de la vivienda como la inmobiliaria o los portales inmobiliarios que los anuncien. También se les aplicará sanciones a aquellas compañías o particulares que anuncien como viviendas elementos que no lo son.

 

Para que los inspectores puedan desarrollar sus investigaciones, el Ejecutivo balear posibilitará la realización de investigaciones a través de una identidad falsa. Estas medidas se recogen en el Decreto Ley que acaba de aprobar el Parlamento Balear para modificar algunos aspectos de la Ley de Vivienda.

 

 

 

 

Según la legislación, para que un piso se considere habitable debe tener al menos treinta metros cuadrados si es de obra nueva y 24 metros cuadrados si se trata de una construcción antigua.

 

El Decreto Ley también permite a los inspectores trabajar con una identidad falsa para investigar las compraventas de vivienda protegida. Las unidades de VPO deben ofrecerse primero al ejecutivo, ya que cuenta con derecho de tanteo y retracto.

 

La Ley de Vivienda de Baleares aprobada en 2018 posibilita la expropiación del uso de los pisos vacíos de bancos, fondos de inversión y grandes tenedores de viviendas. El ejecutivo ya ha puesto en marcha varios procedimientos para hacerse con viviendas a cambio de un alquiler social.

 

Los propietarios afectados ya han llevado el caso a los tribunales que no han aceptado su suspensión cautelar, al considerar que el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.

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