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Diario de información económica del sector inmobiliario

21 Enero 2022F04.00h

C

Mercado

Por EjePrime
28 Dic 2021
F10.00h

El proyecto para la Ley de la Vivienda se retrasa hasta 2022

Un informe pendiente del Consejo General del Poder Judicial (Cgpj) impide la segunda lectura del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros de hoy. El próximo pleno del Cgpj está planificado para el 27 enero de 2022. 


El proyecto para la Ley de la Vivienda se retrasa hasta 2022

 

 

La Ley de la Vivienda retrasa sus plazos. El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha confirmado a Europa Press que el anteproyecto de ley no constará entre los puntos del día del Consejo de Ministros que se celebra hoy, ya que el Consejo General del Poder Judicial (Cgpj) aún tiene que emitir su informe preceptivo al respecto.



La próxima sesión plenaria del órgano de justicia está planificada para el 27 enero de 2022, por lo que la segunda lectura del texto en el Consejo de Ministros queda retrasada, al menos, hasta febrero. Y lo mismo ocurrirá con su envío al Congreso. 



El pasado diez de diciembre, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ese día, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez aseguró que el anteproyecto volvería al Consejo antes de que finalizara el año. 






 

El pasado 26 de octubre, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la Ley de Vivienda, que pasó a información pública. Entonces, el Gobierno se comprometió a tener aprobada la nueva legislación antes de final de año, para que el texto sea discutido en sede parlamentaria. Se estima que la nueva Ley de Vivienda no sea aprobada definitivamente hasta el segundo semestre de 2022



El punto de la ley que más controversia ha creado indica que las nuevas promociones de obra nueva deberán contar con una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público, siendo la mitad de este porcentaje destinado al alquiler social. Los ayuntamientos tendrán que compensar a los promotores por destinar un 30% de sus proyectos a vivienda protegida. 



Por lo tanto, serán los consistorios los que decidan si aplican la medida del 30% de vivienda protegida, de la cual la mitad se tiene que destinar a vivienda social. En concreto, los ayuntamientos aportarán terrenos por una parte proporcional en el mismo lugar, con base en criterios objetivos de valor de suelo. Si el nuevo lugar es menos atractivo, tendrá que ser un suelo de mayor tamaño.

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