Baleares coloca la vivienda en el centro del debate con sus planes para limitar la compra a no residentes

La vivienda está en el centro de la campaña electoral de Baleares, una comunidad donde además de municipales se celebran comicios a su Parlamento autonómico el próximo 28 de mayo.

Baleares es una de las comunidades autónomas que presenta una mayor dificultad de acceso a una vivienda. El precio del metro cuadrado de la vivienda nueva y usada a finales del año pasado se elevaba a 2.626 euros, según los datos de Tinsa, una cifra sólo superada por la Comunidad de Madrid.

Pero aún hay otros indicadores que denotan el gran esfuerzo necesario en Baleares para acceder a una vivienda. Así, según los cálculos de Sociedad de Tasación, se necesitan 16,4 años de sueldo bruto para comprar una vivienda en Baleares, encabezando así el esfuerzo en el conjunto de comunidades autónomas. Tras Baleares se sitúa Madrid, con nueve años de sueldo bruto. La media en el conjunto de España para comprar una vivienda son 7,6 años de sueldo bruto.

El Psib-Psoe propone un Pacto por la Vivienda que aglutine al conjunto de administración para facilitar suelo para vivienda protegida

Así, en los últimos años se ha situado en el centro del debate político la posibilidad de limitar la adquisición de una vivienda por parte de no residentes. El Parlamento balear aprobó el pasado febrero una proposición no de ley en que propugna al Gobierno español y a la Unión Europea (UE) la búsqueda de fórmulas para permitirlo.

Conscientes de la dificultad de esta propuesta en una UE que aboga por el libre movimiento de las personas y los capitales, los partidos al frente del Gobierno balear (un tripartito de izquierdas formado por Psib-Psoe, EUiB-Podemos y Més) aducen la singularidad insular y la elevada tensión que registra el mercado residencial. Buena parte de él llega de compradores internacionales, que han fijado en las Baleares su segunda residencia.

El Psib-Psoe, que preside el gobierno con Francina Armengol y diecinueve escaños, ha propuesto para la próxima legislatura un Pacto por la Vivienda que permita la construcción de más vivienda protegida desde todas las administraciones públicas.

En este sentido, Armengol apuesta por un acuerdo con los municipios para que estos pongan a disposición de los promotores suelo para vivienda en alquiler, además de defender los incentivos fiscales previstos en la Ley de la Vivienda. Finalmente, el Psib-Psoe ya se ha mostrado favorable a la limitación de los alquileres en el municipio de Palma.

Colaboración público-privada y un programa de alquiler seguro son las bazas del PP en materia de vivienda

El PP balear, principal partido de la oposición con 16 diputados, recoge en su programa electoral sobre vivienda un programa de alquiler seguro, con intermediación entre propietarios y personas que buscan piso; un programa de promoción del alquiler público-privado para edificar viviendas a precio tasado; cambios normativos suprimiendo medidas intervencionistas para agilizar los proyectos y, finalmente, un paquete de incentivos fiscales.

EUiB-Podemos, que cuenta con seis diputados en el Parlamento autonómico, propone la creación de un impuesto autonómico que grave las casas vacías, además de abogar por la creación de una inmobiliaria pública, que garantice un alquiler social seguro. EUiB-Podemos abandera la propuesta de limitación de compra a los no residentes y también quiere declarar al conjunto de Baleares zona tensionada para limitar los precios del alquiler.

Finalmente, el partido autonómico Més destaca entre sus propuestas la limitación de compra a los no residentes, la contención del precio de los alquileres, rebajas fiscales para propietarios que alquilen a menores de 30 años, un aumento del porcentaje de la VPO hasta el 70% de las promociones y medidas para aumentar el parque de alquiler asequible entre los grandes tenedores.