El Psoe hace un guiño al sector y propone un modelo de concesión en vivienda

Con el ánimo de impulsar la promoción de vivienda social o de precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública, el Partido Socialista ha propuesto la modificación de la Ley de contratos del sector público para que pueda aplicarse en actuaciones del real estate.

La proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista, la semana pasada, contempla extrapolar la práctica habitual de la concesión pública a la construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles de titularidad pública. En definitiva, se trataría de un acuerdo entre una entidad pública y una empresa privada (la concesionaria) siendo esta última la encargada de la construcción, la operación y el mantenimiento del activo a cambio de un periodo de tiempo durante el que cobraría una serie de tarifas a los usuarios, en este caso bajo el concepto de un alquiler.

El objetivo, al igual que sucede con carreteras, puentes o aeropuertos, sería adjudicar concesiones de obras y servicios que posibilite la puesta en el mercado de un importante número de activos en poder del Estado que contribuirían a aliviar las tensiones del mercado residencial, especialmente en el parque de vivienda pública o asequible y que este tipo de operaciones sean rentables económicamente.

Agiliza plazos al no ser necesaria una redacción previa del anteproyecto y proyecto por la administración

La propuesta socialista contempla como salvedades que el plazo máximo que recoge la ley de contratos, de cuarenta años para la concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio, los veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios o los diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios, pueda incrementarse hasta los 80 años, “quedando determinado de acuerdo con el periodo estimado de recuperación de la inversión”.

Con el objetivo de agilizar la tramitación en el caso de la vivienda, la propuesta socialista propone que no será necesaria una redacción previa del anteproyecto y proyecto por la administración concedente, tal y como recoge la citada ley, para otro tipo de obra pública.

La propuesta de normativa registrada en el Congreso y que debe ser tramitada en el Congreso, contempla que el órgano de contratación, previamente a la licitación del contrato, proceda a la aprobación de un estudio de viabilidad económica-financiera, con la salvedad de que no será necesario que se someta a información pública ni sean preceptivos el informe previo de la Oficina Nacional de Evaluación, ni el del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

Corresponderá al adjudicatario de la licitación el estudio de seguridad y salud así como el estudio de riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras. No será obligatoria la aplicación de la tasa de descuento prevista en la Ley de desindexación de la economía española, pudiendo adoptarse para el cálculo del periodo de recuperación de la inversión una tasa de descuento comprendida entre el rendimiento medio en el mercado secundario de Deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses, y el resultado de incrementar este rendimiento por una tasa diferencial de 400 puntos básicos.

Sepes gestionará los inmuebles públicos para alcanzar los objetivos en materia de vivienda

Para el desarrollo e implementación de la política de vivienda asequible, el Ministerio de Hacienda aportará a la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes), los inmuebles que se encuentren integrados en Patrimonio del Estado que la entidad pública considere aptos y que no deban estar afectados a otras finalidades.

Otros activos que pasarán de la misma manera a la gestión de Sepes para alcanzar los objetivos en materia de vivienda procederán del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (Capn).

La propuesta socialista recoge también una modificación de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, mediante la cual se topa el precio de venta en caso de enajenación por parte de Sepes. En concreto se contempla que el precio de venta no podrá superar la cantidad resultante de aplicar “a la superficie registral de la vivienda el módulo más alto de los contemplados en la legislación en materia de vivienda protegida de la comunidad autónoma en las que se ubiquen las viviendas y que se encuentre vigente en el momento de la transmisión”. Esta limitación se extenderá a las sucesivas transmisiones.

La propuesta socialista topa el precio de venta en caso de enajenación de los activos

El exalcalde de Barcelona y presidente de la junta directiva de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias, Joan Clos, ha afirmado que la construcción de vivienda pública debe ir a cargo del sector privado: “Ni un euro público debe ir a la construcción de la vivienda”. De esta manera propone un sistema similar a las autopistas, que pasa por concesiones a los promotores de pisos privados.

En una entrevista en el diario ARA, el exministro socialista de Industria, Comercio y Turismo, que tras dejar el cargo ocupó varios cargos en la agencia de vivienda de Naciones Unidas ONU Habitat y la patronal inmobiliaria, ha expresado que la construcción pública supone inmovilizar el capital público, hecho que ha tildado de “barbaridad económica”.