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Diario de información económica del sector inmobiliario

11 Dic 201806:21

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El Gobierno pacta con Podemos que los ayuntamientos puedan regular los precios del alquiler

La medida se podrá llevar a cabo en zonas con un incremento “abusivo” de precios y forma parte de un amplio acuerdo de Presupuestos sellado entre PSOE y Unidos Podemos y donde el alquiler ha centrado las decisiones en materia de vivienda.
11 Oct 2018 — 18:04
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El Gobierno pacta con Podemos que los ayuntamientos puedan regular los precios del alquiler

 

 

El Gobierno dice sí al control público del mercado del alquiler en España. El Ejecutivo del Pedro Sánchez ha pactado una regulación de los precios del alquiler por parte de los ayuntamientos, según se explica en el acuerdo de Presupuesto que han alcanzado este jueves PSOE y Unidos Podemos. La medida se prevé siempre y cuando su aplicación sea “temporal y excepcional” y se lleve a cabo en zonas urbanas donde se haya producido previamente un “incremento abusivo” de las rentas.

 

El alquiler ha centrado el apartado del plan de acción del Gobierno en materia de vivienda. En paralelo a la regulación de los precios, el ejecutivo ha anunciado que abogará por ampliar de tres a cinco los años de duración mínima de los contratos de arrendamiento, alargándose el compromiso entre casero e inquilino hasta los siete años cuando el propietario es una persona jurídica. Además, la prórroga tácita de los contratos pasa de un año a tres, siempre que no se comunique la intención de no renovar el acuerdo por cualquiera de las dos partes seis meses antes de su finalización.

 

Asimismo, PSOE y Unidos Podemos han acordado que las fianzas de entrada en los pisos de alquiler serán de un máximo dos meses y que la firma de avales bancarios ya no será exigible por parte de los caseros. En caso de que el propietario quiera recuperar su vivienda antes de que se cumpla lo pactado con el inquilino, este extremo deberá estar formalmente explicado en el contrato vigente.

 

 

 

Mayor presupuesto en la promoción de vivienda de alquiler
El acuerdo, que deberá ser ahora aprobado por el Congreso de los Diputados, tiene un punto que respalda la promoción de vivienda pública. En caso de recibir luz verde del hemiciclo, el Gobierno aumentará el presupuesto en vivienda ya para el año que viene hasta 630 millones de euros. En 2020, esta partida se incrementaría hasta 700 millones de euros, y alcanzaría los mil millones de euros en 2021. En diez años, España invertirá en vivienda pública entre un 1 y un 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), según recoge el escrito.

 

Uno de los objetivos del plan de vivienda pública es "evitar que (las viviendas) puedan ser vendidas a fondos buitre o enajenadas con un beneficio", protegiendo la posibilidad de mantener su vivienda en régimen de arrendamiento a “personas particularmente vulnerables”.

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1 comentarios
Juan
12 Oct 2018 — 13:15
Cambios que se avecinan en la ley de arrendamientos
De 3 a 5 años para personas fisicas y hasta 7 años para personas juridicas. Plazo de aviso de no renovació de 6 meses. Capacidad de los ayuntamientos para limitar los precios. Limitación de fianzas y garantías a dos mensualidades de renta. Entre alguna cosas más. ¿Qué os parece? No es la usura lo que se esta debatiendo aquí. Es la capacidad tecnica, intención, valoración del estado del inmueble, de la "tasación económica" del valor de un alquiler. Pongamos a los ayuntamientos a tasar la electricidad, el agua, los neumáticos o la venta de camiones en donde hay lobbies que si influyen en el precio. Pongamos el ejemplo de Villaarriba pueblo podemita, sin recursos de valoración y que por instrucciones del partido, tasa a precios populares los alquileres a 122 ¬ maximo, ni Díos va a alquilar una casa, los caseros o venden o aguantan. Villlaabajo gobernado por alcalde independiente con 300 pisos en su patrimonio que dedica a alquilar, no solo se va beneficiar de los que vengan de Villararriba (efecto oferta demanda) sino que va a legislar (también sin capacidad técnica) lo que le de en gana (por no decir otra cosa). En resumen los ayuntamientos no pueden valorar el precio del alquiler de los inmuebles ya que son muchos factores los que determinan su precio.
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