El Gobierno pacta con Podemos que los ayuntamientos puedan regular los precios del alquiler

El Gobierno dice sí al control público del mercado del alquiler en España. El Ejecutivo del Pedro Sánchez ha pactado una regulación de los precios del alquiler por parte de los ayuntamientos, según se explica en el acuerdo de Presupuesto que han alcanzado este jueves PSOE y Unidos Podemos. La medida se prevé siempre y cuando su aplicación sea “temporal y excepcional” y se lleve a cabo en zonas urbanas donde se haya producido previamente un “incremento abusivo” de las rentas.

El alquiler ha centrado el apartado del plan de acción del Gobierno en materia de vivienda. En paralelo a la regulación de los precios, el ejecutivo ha anunciado que abogará por ampliar de tres a cinco los años de duración mínima de los contratos de arrendamiento, alargándose el compromiso entre casero e inquilino hasta los siete años cuando el propietario es una persona jurídica. Además, la prórroga tácita de los contratos pasa de un año a tres, siempre que no se comunique la intención de no renovar el acuerdo por cualquiera de las dos partes seis meses antes de su finalización.

Asimismo, PSOE y Unidos Podemos han acordado que las fianzas de entrada en los pisos de alquiler serán de un máximo dos meses y que la firma de avales bancarios ya no será exigible por parte de los caseros. En caso de que el propietario quiera recuperar su vivienda antes de que se cumpla lo pactado con el inquilino, este extremo deberá estar formalmente explicado en el contrato vigente.

Mayor presupuesto en la promoción de vivienda de alquiler
El acuerdo, que deberá ser ahora aprobado por el Congreso de los Diputados, tiene un punto que respalda la promoción de vivienda pública. En caso de recibir luz verde del hemiciclo, el Gobierno aumentará el presupuesto en vivienda ya para el año que viene hasta 630 millones de euros. En 2020, esta partida se incrementaría hasta 700 millones de euros, y alcanzaría los mil millones de euros en 2021. En diez años, España invertirá en vivienda pública entre un 1 y un 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), según recoge el escrito.

Uno de los objetivos del plan de vivienda pública es "evitar que (las viviendas) puedan ser vendidas a fondos buitre o enajenadas con un beneficio", protegiendo la posibilidad de mantener su vivienda en régimen de arrendamiento a “personas particularmente vulnerables”.