De jóvenes y accesibilidad a mayores y acceso: los dilemas de la arquitectura para 2030

“Hay necesidad de poner en el mercado un tipo concreto de vivienda, la de precio asequible, para un determinado sector de la población”. Así de rotunda se muestra Ángela Baldellou, directora del Observatorio 2030 del Cscae (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España), foro que cuenta con un grupo de trabajo dedicado en profundidad al acceso a la vivienda. La experta recuerda que existe “un enorme déficit para un rango de población muy amplio”, predominantemente, la población más joven.

Baldellou defiende esta idea a partir de las conclusiones de diversos estudios, como uno de Asprima (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) que cifra en un millón el número de jóvenes con trabajo que no han podido emanciparse en la última década, por lo que calcula que deberían producirse 75.000 viviendas cada año. En esa línea, Culmia —en un informe junto con GAD 3— cifra en 76.000 inmuebles destinados a alquiler asequible cada año, o 761.000 en los próximos diez años, para satisfacer la demanda existente. Para ello, sería necesario invertir un total de 108.000 millones de euros en el mercado español.

Para empezar a alcanzar soluciones, la directora de este observatorio indica que el primer paso es elaborar un mapa que recoja y clasifique las tipologías de viviendas en función de los ingresos. Manifiesta: “Tenemos que analizar también las condiciones de acceso por zonas geográficas, que varían incluso según términos municipales”. Y añade que se deberían resolver las divergencias entre comunidades autónomas en relación con las ayudas. “Determinadas regiones consideran joven a una persona de un máximo de 25 años, mientras que en otras el límite de edad está en los 29”, en palabras de la experta.

Baldellou aboga por un pacto nacional de vivienda. “Como las competencias están transferidas a las regiones, el Ministerio de Vivienda debe crear las condiciones y un marco jurídico-económico estable que sirva como aglutinador y coordinador para todos los planes de vivienda que proponen las comunidades autónomas”. El gobierno debería recomendar “marcos legales, incentivos fiscales y financieros, y también modificaciones de las leyes del suelo para que los ayuntamientos tengan más flexibilidad en la gestión urbanística”.

“El Ministerio de Vivienda debe crear las condiciones y un marco jurídico-económico estable que sirva como aglutinador y coordinador”

No obstante, reconoce que el acuerdo puede ser complicado de alcanzar, debido a las diferencias políticas. “La vivienda debería ser algo totalmente despolitizado y formar parte del estado de bienestar. Simplemente se trata de una infraestructura más, que debe ser considerada en relación con otras dotaciones y servicios, para garantizar que la población se conecta de forma adecuada al tejido existente”, según la directora.

Al mismo tiempo, la responsable subraya que el sector privado —que “quiere ser parte activa de la solución”— debe ser capaz de amortiguar los costes derivados de la inflación, las subidas de tipos y el encarecimiento de los materiales: “deberíamos producir para satisfacer la demanda sin que el sector se vea perjudicado por condicionantes externos”.

Concluye que se deben atacar todos los frentes de forma conjunta y coordinada; destaca la necesidad de una colaboración público-privada que tenga en cuenta múltiples criterios de sostenibilidad, en sus tres niveles: medioambiental, económico y social; y, además, apuesta por la regeneración y la rehabilitación, que hacen posible devolver al mercado un alto número de edificios en desuso y/o aplicarles cambios de uso.

Objetivo: adaptar inmuebles para mayores y personas con discapacidad

En paralelo, el Observatorio 2030 del Cscae también trabaja junto a entidades como Fundación ONCE, para impulsar la accesibilidad de las viviendas para mayores y personas con discapacidad (4,38 millones de ciudadanos, según el INE). "Existen algunos problemas de adaptación —como las viviendas sin ascensor—, pero en el conjunto de Europa, España presenta buenas cifras en esta materia", señala Baldellou.

La portavoz indica que la accesibilidad debería ser abordada como una cuestión integral: “Es necesario unir territorio y ciudad, establecer conexiones, abordar el reto demográfico —con una población cada vez más envejecida—, y también recuperar patrimonio natural, contar con un equilibrio urbano, con dotación de servicios básicos y diversidad de usos”.

La líder del Observatorio afirma que la accesibilidad es una cuestión pendiente en edificios declarados bien de interés cultural: “Necesitamos un equilibrio entre la protección y la adaptación para que personas con discapacidad, mayores y niños puedan acceder al patrimonio”.

“La accesibilidad implica también comodidad de uso, conectividad, y la necesidad de unos marcos normativos unificados y armonizados a nivel estatal”, remata Baldellou, en línea similar con lo afirmado en cuanto al acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Fundación ONCE, uno de los partners del Cscae en el Observatorio 2030, lidera la coordinación del Centro Europeo de Accesibilidad —llamado AccessibleEU—, gracias a su alianza con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Transformación digital para cambiar los entornos físicos

En materia de digitalización, otra de las áreas de trabajo del Observatorio 2030, España no se encuentra bien posicionada. Baldellou recuerda que este es el país europeo con más fibra óptica y el tercero en todo el mundo, “aunque solamente cuenta con un 1% de inmuebles digitalizados”.

Según la responsable, “la digitalización debe ser una herramienta para mejorar la gestión, la transparencia y el acceso a la información, por lo que los propios edificios y las viviendas deben utilizarla para optimizar el uso de sus infraestructuras y servicios, así como sus gastos”.

En cuanto al reto demográfico, un 70% de la población en España vive en ciudades y se prevé que esta tendencia se mantenga en el tiempo. Así, Baldellou remarca la necesidad de contribuir a un cierto equilibrio: “Si se sigue invirtiendo todo en las ciudades, la ciudadanía solo verá oportunidades de crecimiento en entornos urbanos”.

Pese a una cierta vuelta al ámbito rural durante los años de pandemia —por salud y seguridad—, “está demostrado que, si las personas tienen acceso a puestos de trabajo, servicios y equipamientos básicos mediante la digitalización, se podrá fomentar una mayor oferta en otros entornos”, señala la directiva.

La líder del Observatorio 2030 del Cscae incide: “Las áreas rurales y las ciudades más pequeñas no pueden competir con las grandes urbes en ciertos aspectos, por lo que deben generar su propia oferta en infraestructuras y servicios, y posicionarse gracias a sus ventajas diferenciales”.