La Ley de Vivienda nace lastrada: el PP no la aplicará en sus comunidades y ayuntamientos

Una ley para la mitad del país. Pablo Casado, líder del Partido Popular (PP), ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y ha avisado que no se aplicará en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobierna su partido.

La legislación, que salió a la luz ayer tras un acuerdo entre Psoe y Unidas Podemos, deja en manos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos su aplicación, para que sean estas las que valoren la necesidad de aplicar los mecanismos de contención que se contemplan en la ley.

El PP Gobierna en cinco Comunidades Autónomas en España (Madrid, Galicia, Castilla y León, y Murcia) que suma 21 millones de habitantes. Además, cuatro de las mayores capitales de España: Madrid, Zaragoza, Málaga y Alicante. Casado ha asegurado en una entrevista en Telecinco que la reforma manda un “mensaje de inseguridad jurídica”.

La Ley de Vivienda prevé que sean las comunidades las que soliciten la existencia de áreas “tensionadas”, mientras que son los ayuntamientos los encargados de gestionar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la recarga en esta para los pisos que permanezcan vacíos un periodo largo de tiempo.

La Ley de Vivienda prevé limitar los precios de las viviendas de grandes tenedores en las zonas tensionadas

Según el acuerdo, las áreas tensionadas serán aquellas en las que los precios de los alquileres avancen cinco puntos por encima del Índice de Precio de Consumo (IPC) en los últimos años y donde el esfuerzo para abonarlos sean más del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Además, se aumentarán las bonificaciones fiscales para los propietarios que bajen el precio del alquiler. En cuanto a los grandes tenedores, personas jurídicas con más de diez inmuebles, no tendrán incentivos fiscales.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha afirmado este miércoles en Onda Cero que el Gobierno estima que unos 150.000 pisos podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva Ley de Vivienda, ya que son los que están en manos de grandes propietarios.

La ministra también ha avanzado que el bono joven para el alquiler de vivienda que se incluirá en la norma costará 200 millones de euros anuales e irá dirigido a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Para las familias más vulnerables, también existirán ayudas directas al alquiler del 40%.

Sánchez ha asegurado que con la ley “hay regulación, no intervención”, y que el mercado español continuará siendo atractivo para los inversores. El Ministerio está trabajando también en un Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, que prevé la creación de un parque de vivienda asequible destinada a alquiler de más de 100.000 viviendas.

Las patronales se pronuncian

La Asociación de Promociones Constructores de España (Apce), presidida por Juan Antonio Gómez Pintado, ha manifestado que “las medidas anunciadas afectarán gravemente a la pretensión de crear una mayor oferta de vivienda dedica tanto al alquiler como a la venta, destinada a paliar la falta de accesibilidad a la misma por parte de los jóvenes”.

La patronal apunta que la obligación de establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida, y la mitad de esta a alquiler social, producirá una reducción de la inversión y expulsará la inversión. Una queja a la que se suma la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima).