Cataluña deroga el decreto de regulación de los alquileres de temporada

Cataluña frena las sanciones al alquiler de temporada. La Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña ha derogado este jueves el decreto del Govern sobre la regulación de los alquileres temporales que aprobó la Generalitat el pasado abril. La iniciativa pretendía ampliar la contención de los precios de los alquileres a todos los arrendamientos temporales salvo a los que tenían finalidades de ocio, vacaciones o recreativas.

Los votos a favor han sido de Esquerra Republicana (ERC), la CUP y Comuns, mientras que Junts, Vox, Ciutadans y el Partido Popular (PP) han votado en contra y el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) se ha abstenido. La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha comparecido ante la Diputación permanente para pedir validar el decreto y ha defendido la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones para “evitar el fraude de ley y tipificar sanciones”.

La medida fue aprobada de manera urgente el 26 de abril y Capella apuntaba que se sacaba adelante “para evitar la picaresca que se han instalado” en el mercado residencial catalán tras la entrada en vigor de los topes al precio del alquiler. El gobierno apuntaba que la ley estatal “tiene agujeros” y, dentro de las competencias catalanas, el Ejecutivo buscaba apuntalar la legislación y hacerla más efectiva, mediante la modificación de la ley catalana de la vivienda ya existente, la ley catalana 18/2007.

ERC, CUP y Comuns han votado a favor, mientras que Junts, Vox, Ciutadans y el PP en contra y el PSC se ha abstenido

El decreto obligaba a poner en el contrato la causa del mismo y obligaba a documentarlo de forma debida. En caso de no presentar una justificación para regularlo como temporal, se regulará como permanente. En cuanto al alquiler de habitaciones, Capella explicaba que “la suma de las rentas pactadas por habitación no puede superar la renta máxima que le sería aplicable si se alquilara como habitual”. El decreto también preveía la obligación de dotar de información al inquilino y un régimen sancionador, cosas que no prevé la ley de vivienda estatal.