Residencial

El Gobierno modifica la ley antidesahucios y facilita la ocupación ilegal de viviendas

Introduce cambios en el redactado de la ley en el BOE que eliminan paralizar el desalojo aún cuando la entrada en la residencia fuese “consecuencia de delito”.

EjePrime

20 ene 2021 - 16:30

El Gobierno modifica la ley antidesahucios y facilita la ocupación ilegal de viviendas

 

El Gobierno ha modificado la ley antidesahucios que prorrogó hace apenas un mes y que incluía seguir adelante con el desalojamiento cuando la entrada en la residencia fuese “consecuencia de delito”. Aprobada ayer en Consejo de Ministros, el redactado final en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado hoy presenta unos cambios que facilitan la ocupación de las viviendas en el actual estado de alarma.

 

La nueva redacción elimina el supuesto de delito para continuar con el lanzamiento e introduce que los deshaucios de viviendas ocupadas por personas sin contrato no podrán suspenderse cuando la irrupción en el inmueble o su permanencia “se haya producido mediante intimidación o violencia sobre las personas”.

 

Esta modificación en la práctica amplía la protección de la ocupación, ya que elimina la posibilidad de suspender la paralización del desahucio aún en el caso de que haya delito en el momento de acceso a la vivienda. Fuentes del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana subrayaron que este supuesto sólo afectará a grandes tenedores (más de diez viviendas) y nunca a pequeños propietarios.

 

El pasado 22 de diciembre, el Consejo de Ministros dio luz verde al Decreto Ley que suspende durante el estado de alarma (hasta el próximo 9 de mayo) los desalojos por impago de alquiler de familias vulnerables sin alternativa habitacional. En el caso de inquilinos con contrato, todos los propietarios tendrán derecho a solicitar una compensación. También se paralizarán durante tres meses los desahucios de familias vulnerables sin contrato, aunque sólo si ocupan viviendas vacías de grandes propietarios (más de diez residencias) y tienen menores o dependientes a cargo o son víctimas de violencia en el ámbito de la familia.