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Normativas de sostenibilidad: ¿cuál es la situación actual y a quién y cómo afectan?

EED, EPBD, Taxonomía de la UE, CSRD, EINF, Propuesta Ómnibus… ¿cómo aplican al sector inmobiliario en España las normativas relativas a ESG actualmente?

Normativas de sostenibilidad: ¿cuál es la situación actual y a quién y cómo afectan?
Normativas de sostenibilidad: ¿cuál es la situación actual y a quién y cómo afectan?

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20 jun 2025 - 09:41

La transformación del parque inmobiliario hacia edificios sostenibles, energéticamente eficientes y descarbonizados es una tarea ineludible. Pero la normativa relativa es compleja y requiere estar atento en pleno debate sobre la propuesta Ómnibus que aplicará en toda Europa a largo plazo. Repasamos los puntos clave con el área especializada en ESG de Savills. ¿Cuál es la normativa vigente?

 

En primer lugar, la Directiva de Información de Sostenibilidad Corporativa (Csrd) aún sigue vigente a nivel europeo y se aplica a grandes empresas de “interés público” (PIEs) que cumplan con dos de estos tres criterios: más de 500 empleados, cifra de negocio superior a 40 millones de euros o cifra total de activos en balance de 20 millones de euros. ​Para las demás empresas, la Csrd entraba en vigor en 2025, con implementación escalonada.

 

En España, sin embargo, aún no se ha transpuesto la Directiva Csrd y sigue vigente la Ley de Información No Financiera y Diversidad (Einf), aplicando a empresas en territorio nacional que cumplan con dos de estos tres criterios: tener más de 250 empleados, un volumen de negocios superior a 40 millones de euros o un activo total superior a 20 millones de euros. No obstante, la Cnmv ha recomendado seguir los estándares de la Csrd para aquellas empresas de “interés público” (PIEs).

 

En segundo lugar, la Directiva de Eficiencia Energética (EED) está aprobada y establece un objetivo vinculante para la UE de reducir el consumo de energía final en un 11,7% para 2030. La normativa introduce un enfoque diferente basado en el consumo energético para que las empresas dispongan de un sistema de gestión energética, realicen auditorías energéticas. La directiva, además, contempla la obligación de monitorizar el rendimiento energético.

 

Por último, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (Epbd) es la más relevante para el sector inmobiliario y ya está en fase de aprobación final por el Parlamento Europeo. Pretende aumentar el ritmo de renovación de edificios energéticamente ineficientes y mejorar la información sobre el rendimiento energético de los mismos, con el objetivo de edificios climáticamente neutros para 2050.

 

Entre los nuevos elementos clave de la Epbd se encuentran los Edificios de Cero Emisiones (Nzeb): se introduce un estándar de cero emisiones para nuevos edificios, aplicable desde 2030. La directiva también aplica en los Certificados de Eficiencia Energética (EPC), donde se busca una armonización de requisitos en toda la Unión Europea (UE), con estándares de eficiencia energética de la A a la G.

 

Por otro lado, se contemplan Estándares Mínimos de Eficiencia Energética (MEPs) y se establecen tasas de renovación para garantizar que los edificios alcancen ciertos estándares energéticos. Además, se impulsan los Planes Nacionales de Renovación, con los que los Estados miembros deben establecer estrategias de descarbonización y esquemas de renovación de edificios.

 

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Paula Ordóñez, ESG Solutions & Corporate Sustainability Director en Savills explica que “la presión regulatoria sobre la eficiencia energética va a suponer un gran reto para edificios existentes. Para garantizar la viabilidad y rentabilidad del proceso es imprescindible plantear una estrategia de descarbonización que incluirá definir Opex Y Capex a partir del diagnóstico del punto de obsolescencia de cada edificio” e invita a profundizar en el detalle de cómo están avanzando las directivas relativas a descarbonización

 

Presentada en febrero de 2025, la propuesta Ómnibus busca flexibilizar la CSRD y otras regulaciones de sostenibilidad para reducir la carga administrativa, aunque todavía debe ser debatida en el Parlamento Europeo y podría sufrir modificaciones. De momento se espera su adopción a finales de 2025.

 

La situación actual de la propuesta Ómnibus reduciría la carga administrativa especialmente para Pymes y estas han sido las últimas modificaciones:

 

  • Retraso en la implementación (“Stop the Clock”): Aprobado el 3 de abril, pospone dos años la aplicación de la Csrd para empresas no PIEs, trasladando su entrada en vigor a 2027.

 

  • Reducción del alcance: Se limitaría la obligación de reportar a empresas con más de 1.000 empleados, cifra de negocios superior a 50 millones de euros o activos de al menos 25 millones. Decisión prevista para finales del tercer trimestre de 2025, reduciendo la carga administrativa de Pymes.

 

  • Simplificación de informes: Revisión de los requisitos de divulgación de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (Esrs). La decisión también está prevista para finales del tercer trimestre de 2025.

 

  • Taxonomía voluntaria: Solo obligatoria para empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros en negocio.

 

  • Limitación en la recopilación de datos: Solo se requerirá información de proveedores directos con más de 1.000 empleados.

 

  • Requerimientos de auditoría externa: Se mantendrían auditorías con aseguramiento limitado, eliminando el aseguramiento razonable.

 

“Cómo, cuándo y a quién va a impactar el cambio de normativa europea en nuestro mercado está aún por ver, pero debemos tener claro que la descarbonización sigue siendo un pilar estratégico para Europa y que la posición española frente a la propuesta Ómnibus fue mantener los criterios originales, demostrando que su apuesta por la regulación ESG sigue siendo estricta”, explica Paula Ordóñez.

 

Si bien la flexibilización puede reducir la carga de reporte, las normativas financieras, las directivas de descarbonización y eficiencia, así como las expectativas del mercado “continúan exigiendo que los activos sean sostenibles para acceder a mejores condiciones de crédito y atraer inversión, por lo que inversores y financiadores mantienen sus compromisos”, según Paula Ordóñez. Independientemente de las propuestas legislativas en curso, gran parte del sector ya está adoptando una visión a largo plazo en sus estrategias ESG.

 

A su vez, la eficiencia energética no solo reduce costes operativos, sino que también mejora el rendimiento de los activos, creando una ventaja económica a largo plazo. Los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) son un ejemplo de cómo la sostenibilidad puede tener un impacto directo en la cuenta de resultados, generando incentivos económicos para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia operativa.

 

La Taxonomía de la UE sigue siendo el referente clave para determinar qué inversiones se consideran sostenibles y, por lo tanto, atractivas para los inversores y las certificaciones ESG como Breeam o Leed siguen siendo el referente para usuarios e inquilinos.

“A pesar de que el debate político sobre las normativas continúa, las empresas que siguen avanzando en sostenibilidad han visto la oportunidad estratégica para mejorar la competitividad”, concluye Paula Ordóñez.