Mercado

Las grandes consultoras alertan de un retroceso de la inversión por la Ley de la Vivienda

Las empresas agrupadas en la asociación ACI cuestionen las limitaciones a los alquileres que recoge la nueva normativa y temen su impacto en el mercado residencial.

EjePrime

17 abr 2023 - 18:31

ACI Ley de Vivienda

 

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), que agrupa a las consultoras más destacadas del país (BNP Paribas Real Estate, Catella, Cbre, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills) cuestiona los topes al precio del alquiler que establece el Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, que está cerca de alcanzar su aprobación.

 

“ACI como siempre está abierta a colaborar con la administración en proponer otros mecanismos que fomenten el acceso a la vivienda y que den respuesta a las necesidades reales del mercado inmobiliario, según ha señalado la entidad en un comunicado.

 

El proyecto de ley, que el gobierno espera que esté aprobado antes de los procesos electorales del 28 de mayo, contempla que los alquileres de viviendas puedan incrementarse, como máximo, un 2% este año, un 3% en 2024 y serán regulados, a partir de 2025, en base a un nuevo índice que se diseñará distinto al índice de precios al consumo.

 

 

 

 

“El planteamiento actual de la Ley de Vivienda no solo perjudica grave y directamente a los inquilinos y propietarios de viviendas en alquiler, sino que sitúa a España en clara desventaja frente al resto de países como destino de inversión, lo cual supondría una gran pérdida para la economía en general”, ha señalado Ricardo Martí-Fluxa, presidente de ACI, a través de un comunicado.

 

“Esta nueva norma desincentivará proyectos que podrían profesionalizar y ampliar la oferta de vivienda como build-to-rent, así como las grandes rehabilitaciones de inmuebles destinados al alquiler”, ha añadido el directivo.

 

“En 2023 observamos que la incertidumbre ya frena la inversión, afectada por el incremento de los tipos de interés, y el impacto directo de esta ley causará un daño importante a la seguridad jurídica: los inversores afectados podrían mostrarse reticentes a volver a operar en este mercado”, ha apuntado Martí-Fluxa.