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Colaboración público-privada, la fórmula para aumentar un parque de VPO a la cola de Europa

Un informe de la Cátedra UPF-Apce aboga por avanzar en el derecho de superficie y concesiones, además de con las sociedades de capital mixto, para incrementar un parque de vivienda social que representa el 2,5% del total, casi cuatro veces menos que la media de la UE.

B. B.

11 mar 2022 - 04:58

Informe UPF-Apce

 

Impulsar la colaboración público-privada para la promoción de viviendas de alquiler social. Esta es la fórmula que recoge el último documento de análisis elaborado por la cátedra de empresa Vivienda y Futuro de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Barcelona (Apce).

 

El documento analiza la evolución de los precios del alquiler desde el año 2005 para ver con una perspectiva de largo plazo su impacto en la economía y los consumidores. En este sentido, se apunta que desde el año 2005 y hasta 2020, el precio del alquiler ha crecido un 16% más que la renta per cápita.

 

 “Se ha de tener en cuenta que la distribución de la renta no es uniforme y que, por tanto, este problema lo han sufrido con más intensidad las rentas más bajas y, en especial, las personas con una mayor situación de vulnerabilidad”, recogen los autores del informe, que está firmado por los profesores José García Montalvo y Josep Maria Raya, además de Carles Sala, actual secretario de Vivienda de la Generalitat.

 

Según explican los autores, en muchos países europeos este problema se resuelve con vivienda social, pero el problema en España es que sólo el 2,5% del parque tiene esta característica. El parque de vivienda social en la UE se sitúa, de media, en el 9,3%, aunque en algunos países supera el 20%.

 

 

“Disponer de un amplio parque de vivienda asequible para el alquiler requiere una inversión muy importante que solo es posible desde la colaboración público-privada”, señalan. Ejemplos de este de colaboración son distintos derechos de superficie y concesiones que ya se han dado a nivel estatal.

 

De hecho, los autores del informe recuerdan que el Real decreto 26/2020 del 7 de julio permite excluir el pago de un canon o precio por parte del adjudicatario. “Es necesario que el adjudicatario ofrezca el alquiler más bajo posible y, por tanto, que la imposición de un canon no constituya una barrera a la presentación de ofertas competitivas en los concursos convocados”, recoge el informe.

 

Otras fórmulas que los autores aconsejan son las sociedades de capital mixto, como SDB Lloguer Social, participada por el Ayuntamiento de Sabadell, Promotora del Vallès y Cevasa, o también Habitatges Metròpolis Barcelona, que está participada por el Ayuntamiento y el Area Metropolitana de Barcelona, además de Neinor y Cevasa.

 

Finalmente, el informe recoge las oportunidades que supondrá para el desarrollo de vivienda social el Fondo Next Generation de la UE. “Se deberá realizar sobre suelo público, priorizando la colaboración público-privada y destinado a los colectivos con más dificultades para acceder a una vivienda, entre ellos especialmente los jóvenes con bajos ingresos”.