La propuesta del Psoe en vivienda dañará la inversión y el turismo

A la espera de tramitación parlamentaria. El Consejo General de Economistas (CGE), a través de su Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), considera que la propuesta presentada en el Congreso por el Partido Socialista para resolver el problema de la vivienda asequible sea la solución adecuada, al tiempo que sostiene que contiene medidas difícil de entender, como las referidas a la compra de extracomunitarios.

De hecho, tras un pormenorizado análisis de la propuesta descarta que aumentar el coste fiscal de los inmuebles que no están arrendados ni constituyen la vivienda habitual haga que los propietarios pasen a ofrecer estos inmuebles en el mercado de alquiler, porque en la mayoría de las ocasiones son segundas residencias o casas en los pueblos. La proposición de ley registrada en el Congreso por el Psoe la semana pasada contempla gravar más la vivienda vacía, las socimis, los pisos turísticos, así como introducir un nuevo impuesto para la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes.

Respecto a la nueva escala para la imputación de rentas inmobiliarias, los economistas han indicado que la propuesta de ley del Psoe no contempla aplicar las reducciones previstas si solo se ofrece al alquiler las segundas residencias por la parte del año que no se usan, al no destinarse para vivienda habitual de los arrendatarios.

La subida del IVA al 21% en los pisos turísticos trasladará la oferta a la industria hotelera que tiene un tipo del 10%

Además, los economistas atisban un fallo en la escala para la imputación de rentas inmobiliarias con un valor catastral de 500.000 euros, que debería tener una imputación de la renta de 7.100 euros y no de 7.500 como recoge la proposición de ley socialista. Lo mismo pasa con el siguiente tramo, el de un millón de euros, donde la imputación de renta debería ser de 17.100 euros y no de 20.000 euros.

Respecto a la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al 21% en los pisos turísticos, los economistas consideran que esto trasladará la oferta a la industria hotelera, que tiene un tipo del 10%, y que es probable que el turismo que busca este tipo de residencia temporal pueda resentirse.

Sin embargo, la propuesta que puede presentar más polémica es la del impuesto para compra de vivienda a extracomunitarios y no residentes de la UE. En este sentido, los economistas apuntan a que se pagará el 100% del valor de mercado (el valor de referencia), restando lo pagado la comunidad autónoma por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Señalan que es la primera vez que se establece un impuesto con un tipo de gravamen del 100%, lo que plantea dudas sobre su posible carácter confiscatorio, por lo que podría ser fácilmente recurrible en los tribunales, con lo que nuevamente se trataría de una medida que contribuiría a elevar la litigiosidad con el fisco. En la práctica esta medida supone que si un extracomunitario decide comprar una vivienda en una zona prime de Madrid, por ejemplo, valorada en un millón de euros, debería pagar otro millón en concepto tributario, por lo que su desembolso sería de 2 millones de euros.

Los economistas ven complicada la aplicación de la bonificación en el Irpf a propietarios por bajar el alquiler

Esta tributación acarrearía serios problemas a la hora de realizar una venta posterior ya que el precio de la compra satisfecho más el impuesto complementario estará fuera del precio de mercado en el momento de la venta futura. De igual manera, los economistas han asegurado que no se penalizará la compra de vivienda nueva por los no residentes en la Unión Europea, posiblemente por el escaso margen de actuación del Gobierno en este sentido.

Por su lado, los expertos dicen que la modificación en el régimen tributario de las socimis puede suponer que algunas de ellas busquen mercados más atractivos en otros países. Los economistas avanzan una “complicada” aplicación práctica de los diferentes porcentajes de la bonificación en el Irpf a propietarios por rebajar el alquiler. “Nos recuerda otros supuestos, como la modificación de la reducción de las aportaciones a los planes de pensiones”, han apuntado.

“La exigencia de una rebaja mínima de, al menos el 5%, deberá cumplirse cada vez que se formalice un nuevo arrendamiento, lo que puede ocasionar una disminución del precio continuado para los propietarios con alta rotación de inquilinos, quienes podrían optar por no aplicarla”, indican. No obstante, consideran que la aplicación de las nuevas reducciones fiscales de los alquileres en zonas tensionadas solventa la “pasividad” de algunas comunidades autónomas, que han manifestado su intención de no declararlas como tales.