Una norma para cada autonomía: la Ley de la Vivienda amenaza con fragmentar la regulación

La Ley de la Vivienda va quemando etapas. Tras la aprobación la semana pasada por el Senado, ahora resta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor, algo que previsiblemente sucederá en los próximos días, antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo.

A pesar de ello, los puntos más relevantes de la normativa deberán esperar y, en muchos casos, quedarán en manos de los gobiernos autonómicos, que son los que tienen las competencias en materia de vivienda.

Entre otras medidas, la nueva norma recoge la creación de un índice de alquiler a partir de 2025 que se prevé que aumente anualmente por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC) o, como mínimo, esto han señalado los responsables políticos. Además, en las denominadas zonas tensionadas se podrán congelar los alquileres e, incluso, reducirlos hasta el límite cuantificado por la ley.

ERC y Bildu apoyaron al Gobierno en la aprobación de la ley, pero vigilaron especialmente el mantenimiento de las competencias en las comunidades autónomas

Las áreas tensionadas se declararán cuando se cumpla una de las siguientes dos condiciones: que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares de esa zona, o cuando el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

Todo ello, sin embargo, no será automático, ya que requerirá de la aprobación de los gobiernos autonómicos de los municipios afectados. Sólo ellos podrán declarar una localidad o un área de un municipio zona tensionada, tras la petición del ayuntamiento afectado. Tanto ERC como Bildu, que han dado su apoyo al gobierno del Psoe y Podemos en la aprobación de la ley, han sido especialmente cuidadosos en salvaguardar las competencias autonómicas en el desarrollo de esta nueva normativa.

De hecho, existen serias dudas de que las autonomías gobernadas por el PP (Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Murcia) apliquen puntos importantes de la ley. En el País Vasco, donde gobierna el PNV, que ha votado en contra de la norma, también hay dudas. En otras comunidades autónomas, como Cataluña, partidos con un peso importante, como Junts per Catalunya, también se opusieron al proyecto de ley en el Congreso y el Senado.

“Topar precios e intervenir en el mercado puede conllevar a una reducción de la oferta y, al final, a un incremento de los precios de alquiler como consecuencia de la disminución de los pisos, porque simplemente en esas condiciones no están dispuestos a ponerlos a disposición de los ciudadanos”, ha declarado Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.

El PNV y Junts, dos partidos con gran peso en el País Vasco y Cataluña, votaron el contra de la ley en el Congreso

La duración de una zona tensionada es de tres años, aunque se puede prorrogar si el gobierno autonómico así lo decide. Es decir, para su prórroga es necesario el visto bueno del gobierno regional y si durante este periodo de tres años ha cambiado puede que no lo dé.

“Recurriremos la ley en los tribunales siempre que ataque a las competencias de las comunidades autónomas”, ha afirmado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, antes de lamentar que la norma lo único que va a hacer es “disparar el precio de la vivienda”.

Sin olvidar el peso electoralista que pueda tener en estos momentos, la Ley de la Vivienda ofrece un marco amplio para que las comunidades autónomas la vayan desarrollando según sus consideraciones y necesidades. El peso político es, por lo tanto, grande y amenaza con fragmentar aún más la regulación sobre vivienda en España.