El Gobierno aprueba una moratoria y rebaja de rentas para locales de grandes tenedores

El Gobierno aprueba la rebaja de rentas al comercio. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes un plan de rescate por importe de 4.220 millones de euros para hostelería, comercio y turismo que incluye rebajas en las rentas de los locales comerciales de grandes tenedores.

En concreto, el propietario del local tendrá un periodo de siete días para llegar a un acuerdo con el inquilino para realizar una rebaja de la renta. En caso de no alcanza a un pacto en el plazo previsto, el arrendatario podrá optar entre una quita del 50% o un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de que finalice el estado de alarma.

El pago aplazado de estas rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria. El número potencial de locales beneficiarios sería de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a establecimientos relacionados con el turismo y 157.000 locales comerciales.

Los pequeños propietarios contarán con incentivos fiscales para negociar las rentas

Para los propietarios que cuenten con menos de diez locales comerciales, se establece un incentivo fiscal para que negocien con los inquilinos una rebaja de la renta. Aquellos propietarios que reduzcan las rentas de forma voluntaria se podrán deducir la totalidad del ingreso no facturado ya que podrá computar como gasto deducible para el cálculo de rendimiento de capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante esos meses.

Este incentivo tiene un coste estimado de 324 millones de euros y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a esta medida.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la suspensión de los desahucios, tal y como había anunciado las últimas semanas. La medida se alargará hasta la finalización del estado de alarma prevista para el 9 de mayo.

En el Real Decreto se recoge la suspensión de lanzamientos y desahucios colectivos vulnerables o que han sido agravada su situación de vulnerabilidad con motivo de la pandemia. Además, la medida también se aplicará a aquellas personas que ocupen una vivienda sin que haya una acción ilícita o sin que haya mediado violencia en la intermediación.