Residencial

Cataluña regula el ‘cohousing’ y permite viviendas de 24 metros cuadrados

Los minipisos deberán tener una o varias zonas comunes que permitan sumar los 36 metros cuadrados mínimos que exige la habitabilidad.

EjePrime

10 dic 2020 - 11:24

Cataluña regula el ‘cohousing’ y permite viviendas de 24 metros cuadrados

 

 

Cataluña regula el cohousing. La Generalitat catalana ha aprobado un decreto ley que reglamenta los “alojamientos con espacios públicos compartidos”, es decir el cohousing. La normativa exige que los pisos tengan un mínimo de 24 metros cuadrados que incluyan salón, cocina, baño y una habitación.

 

Además, deberán tener acceso a una o varias zonas comunes que permitan alcanzar los 36 metros cuadrados que se exigen como mínimo de habitabilidad. Estos espacios pueden ser una zona de trabajo o para lavar la ropa, entre otros, y dependerán de cada promotor.

 

Esta nueva tipología de viviendas deberá ser de alquiler y, según el consejero de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, está pensada para jóvenes, trabajadores de paso o personas mayores “que ya no necesitan mucho espacio”.

 

 

 

 

El marco normativo hasta ahora no posibilitaba su construcción y pueden abaratar el coste de la emancipación de la gente joven, la creciente demanda por motivos laborales y formativos o nuevas modalidades residenciales para personas mayores”, ha apuntado Calvet.

 

El político ha explicado que estos espacios pretenden “facilitar el acceso a la vivienda de alquiler en todos sus niveles” y dar respuesta a un nuevo tipo de demanda que hay en el mercado. Estas miniviviendas podrán ser promovidas tanto por la administración pública como por empresas privadas. En todo caso, el Ejecutivo regional deberá crear una nueva figura de vivienda protegida.

 

Calvet asegura que este tipo de activos residenciales tendrán cédula de habitabilidad y no podrán estar vacíos. Además, se podrán levantar tanto en suelo residencial como destinado a equipamientos.

 

Por otro lado, el decreto ley también ha actualizado el precio de venta y la renta máxima de las viviendas de protección oficial, que databan de 2009. El aumento de los costes de construcción durante este periodo había provocado que los promotores descartaran la posibilidad de construir nueva vivienda protegida en los últimos años.