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Diario de información económica del sector inmobiliario

24 Noviembre 2020F15.19h

C

Mercado

Por Marta Tamayo
19 Oct 2020
F04.57h

Juan Abelló y la Casa Alba, en el trono de los grandes propietarios de tierra de España

Sólo un 8,3% del suelo de España está calificado como urbano, así que los grandes propietarios de tierra se asientan en fincas rurales y grandes campos de cultivos. 


Juan Abelló y la Casa Alba, en el trono de los grandes propietarios de tierra de España

Hombre y de más de 55 años. Este es el retrato robot del propietario de tierra español, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la titularidad de la tierra, que muestran que en un 75% hombres y un 61% han superado el medio siglo de edad. Tras este esbozo se encuentran los mayores propietarios de tierras de España, grandes fortunas y fondos internacionales. 

 

 La batalla para ser el mayor propietario de tierra de España se juega en el entorno rural. Lejos de zonas prime  y grandes rentabilidades, los que optan por la cantidad tienen que mirar más allá de grandes ciudades. El mayor propietario de terreno de España es el empresario Juan Abelló, quien se estima que posee 400 kilómetros cuadrados de terrenos en propiedad a través de sociedades mercantiles y propiedad personal. Entre ellas destaca la finca de Lobillo en Alhambra, ubicada en Ciudad Real y una de las más grandes de España con setenta kilómetros cuadrados de extensión.

 

Otro de los grandes nombres del país en propiedad del terreno es el ganadero Samuel Flores. El albaceteño que dirige una compañía familiar de cría de toros de lidia, cuenta con 230 kilómetros cuadrados de terreno. 

 

 

 

 

Los grandes propietarios de terrenos durante los años 90 y principios del 2000 eran particulares, terratenientes, que tradicionalmente habían sido los grandes poseedores de suelo en los distintos municipios”, señala el director de suelo de Cbre, Javier Jiménez Manzano. 

 

 En el territorio español, las fincas de mayor tamaño suelen destinarse a cacerías y a realizar actividades de ganadería extensiva, según el estudio sobre la concentración en la tierra de España de la fundación Mundubat . Algunos de sus propietarios son Nicolás de Osuna, Mora-Figueroa Domecq, José María Aristrain o la familia Botín.

 

El segundo propietario de tierras del país es la Casa Alba, a quien se le estima 340 kilómetros cuadrados de terrenos. Sin embargo, la familia cuenta con varias sociedades mercantiles, por lo que es difícil recoger el número exacto de propiedades que acumula. Los Alba cuentan con propiedades en Córdoba, Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres y Salamanca

 

 

 

 

Entre las compañías de la familia se encuentra la sociedad Euroexplotaciones Agrarias, una empresa de agricultura que suma 32 kilómetros cuadrados de terrenos en el término municipal de El Carpio (Badajoz) y suma fincas como Buenavista, Pabellones, El Hierro o el Mugronal. 

 

 Otra de las sociedades de la Casa de Alba es Agralasa. La entidad salmantina suma fincas como Gómez Velasco, de 16 kilómetros cuadrados, Gallegos de Crespes, de 25 kilómetros cuadrados, o las propiedades de Montejo, Carnero, El Tejado o Castillejo. Además, la sociedad Castrofesno en Ávila es otra de las grandes empresas de la familia y suma ocho kilómetros cuadrados de terreno. 

 

La familia vio ligeramente menguada su cartera a principios de los 2000. En los años noventa la Junta de Extremadura inició un proceso de expropiación en varios terrenos agrarios en los que se encontraban las fincas Cabra Alta y Cabra Baja, hasta entonces propiedad de la casa de Alba, unos terrenos que suman 25 kilómetros cuadrados y se ubican en el término municipal de Villanueva del Fresno. 

 

 

 

 

 

Además de las fincas de la Casa de Alba, la Junta puso en manos de cooperativas los terrenos de Las Arguijuelas, con una extensión de siete kilómetros cuadrados en Alange y Zarza de Alange propiedad de María López de Ayala ; los terrenos de Valero, con una superficie de 37 kilómetros cuadrados, hasta ese momento propiedad de la condesa de Berandevilla en Torrejón el Rubio, y 19 kilómetros cuadrados de la empresa Sotei, en Navalvillar y Castañar de Ibor. A pesar de este esfuerzo desamortizador de la administración, la comunidad sigue con los datos de concentración de terrenos más altos de España. 

 

 La administración pública juega un papel importante en la titularidad de los terrenos. El Estado suma entre un 20% y 30% de los terrenos del país entre ministerios, ayuntamientos o consejerías, entre otros , según datos de Cbre. “La tendencia en estos últimos años es la desinversión de estos activos vía licitación pública, o vía concesiones en suelo público para el desarrollo privado, fomentando así la colaboración público-privada para dar salida a este tipo de producto con proyectos concretos que den servicio a la sociedad”, asegura el directivo de Cbre.

 

Uno de los grandes propietarios de terreno es el Ministerio de Defensa. En la memoria de 2019, la administración contabilizó 11.641 inmuebles entre los que se encontraban viviendas militares, locales, pabellones de cargas y parcelas o solares. La cartera de Margarita Robles se encuentra en un proceso de enajenación de los terrenos mediante concurso o subasta y el pasado año se deshizo de 1,6 kilómetros cuadrados con la venta de activos en Burgos, Cádiz, Guadalajara, Madrid y Valencia. 

 

 

 

 

Jiménez Manzano segura que los últimos años ha aflorado un nuevo actor en la propiedad agraria. “La presencia de la banca y entidades financieras en estos años también era significativa, pues a raíz de la crisis de 1993 empezaron a adquirir activos inmobiliarios, suelo entre ellos, vía ejecución”, asegura. “Tras la crisis del 2008, la representación de las entidades financieras y bancarias en el sector inmobiliario fue creciendo debido a las ejecuciones de préstamos impagados”, afirma Jiménez Manzano. 

 

 Otro de los actores que emergieron en la propiedad del suelo rústico tras la crisis financiera fue la Sareb. El banco malo absorbió en su formación 90 kilómetros cuadrados de suelo rural, de los que puso a la venta un 63%. 

 

 

 

 

Las compañías con capital extranjero son otro actor destacado. “Las compañías que ahora mismo están operando en el mercado de suelo a nivel nacional son fundamentalmente promotoras nacionales y locales que en la mayoría de los casos tienen un fondo extranjero detrás”, apunta Jiménez Manzano. 

 

Para el directivo, el suelo rústico va a seguir aumentando su atractivo para los inversores internacionales. “Hay una especial atención a las fincas rústicas tanto productivas como para la explotación de energías fotovoltaicas y eólicas, donde ahora mismo tanto fondos como aseguradoras están viendo un nicho de mercado que puede dotar de mayor rentabilidad a sus inversiones respecto a la compra tradicional de producto suelo y su desarrollo”, asegura. 

El primer fondo de inversión nacional de España es el fondo barcelonés Panda Agriculture & Water FI, de la compañía Gesirus. También se sitúa como el mayor inversor en el sector agrícola en el continente europeo y centra sus propiedades en suelo agrario y del sector del agua. El fondo de renta variable cuenta en el país propiedades como las compañías Barón de Ley o Bodegas Riojanas e inversiones en campos de cultivo de California. 

 

En total, se calcula que en España hay unos treinta fondos que invierten en agricultura y alimentación, entre los que se encuentran Parvest World Agriculture, Julius Baer, Allianz, Amundi o Pictet, entre otros. 

 

 

La concentración de la tierra

Según el último censo agrario, publicado en 2009, un 94,2% de los titulares de las tierras rurales en España son personas físicas. En total, 911.619 propietarios acumulan un 70% de la superficie agraria del país. De ellos, 1.162 personas tienen explotaciones de más de cinco kilómetros cuadrados de extensión. Al acercar más la lupa, la cifra se reduce aún más, 181 personas en todo el país tienen alguna propiedad con más de 10 kilómetros cuadrados de superficie. 

 

Según el índice Gini, una herramienta usada por la Organización de las Naciones Unidas para medir las desigualdades, la concentración de la tierra es en España de 0,71, siendo 1 la máxima concentración y 0, una mayor diversidad de propietarios. Esta cifra es superior a la de países como Francia, donde el índice marca un 0,58, o Polonia con una concentración de 0,69. De todos modos, se ajusta a la de otros países como Italia, donde la estadística de Gini marca 0,8, o países latinoamericanos como Argentina, con un 0,83, o Brasil, con un 0,84. 

 

La concentración no es regular en toda España. Extremadura marca el índice de concentración más alto, con un 0,89, mientras que Galicia es la comunidad autónoma con más diversidad de propietarios, con 0,39. El caso gallego destaca por su tradición minifundista, donde un 80% de los terrenos tienen menos de 500 metros cuadrados y el 85% de la propiedad recae en manos de personas físicas. 

 

 

 

En el otro lado de la balanza, la comunidad extremeña suma 25.858 kilómetros cuadrados de superficie agraria, y el 67,7% de la titularidad pertenece a personas físicas, mientras que las entidades públicas agrupan un 2,4% de las propiedades, y las sociedades mercantiles un 16,5%. 


En la región, un 18,4% de las propiedades suman entre cinco kilómetros cuadrados y diez kilómetros cuadrados y unos 2.650 kilómetros cuadrados forman parte de latifundios de más de diez kilómetros cuadrados, lo que representa el 10,3% del territorio. 

 

En total, el territorio español cuenta con 505.960 kilómetros cuadrados de tierra. El 40% es superficie forestal arbolada, arbustiva o matorral, un tercio son tierras de cultivo y el 17,74% son superficies de pastos. El 8,72% de la superficie total (44.135 kilómetros cuadrados) lo ocupan los suelos urbanos, vías de comunicación, industrias, aguas y humedales.En los últimos diez años, la superficie forestal ha crecido un 17%, mientras que la extensión de tierras de cultivos ha caído un 3,1%, según el último informe de indicadores publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

La pequeña explotación, con menos de cinco hectáreas, representa más del 52% de las superficies agrarias, pero sólo el 4,35% de la superficie agraria útil (SAU), es decir, donde se puede cultivar. Por su parte, la mediana explotación, de entre cinco y setenta hectáreas, ocupa el 40,18% del total de las explotaciones, con el 32% de la tierra.  La gran explotación, de más de setenta hectáreas, representa la mayor parte de la superficie cultivada, un 46%. Y la propiedad latifundista, de más de 500 hectáreas acapara el 17,62% de la superficie, pero tan solo supone el 0,44% de las explotaciones.

 

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