La Agència de Consum catalana ha iniciado el procedimiento sancionador ya que los portales inmobiliarios no informaban del índice de referencia del alquiler como establece la normativa.

La Generalitat catalana abre expediente a cinco portales inmobiliarios. La Agència de Catalana de Consum ha iniciado expedientes sancionadores a los portales Fotocasa, Habitaclia, Idealista, Pisos.com y Yaencontré por no informar en sus anuncios del índice de referencia del precio del alquiler, tal y como establece la normativa.

Estos incumplimientos pueden comportar sanciones de hasta 10.000 euros, de acuerdo con el régimen sancionador que prevé la Llei del Codi de la Agència de Consum. Tras la ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rendas en los contratos de arrendamiento de vivienda, los portales están obligados a publicar el índice de referencia.

Este índice permite conocer el precio medio del metro cuadrado de alquiler de una vivienda ubicado en la zona. Además, la norma fija el precio límite que puede alcanzar el alquiler en

una sesentena de municipios catalanes declarados como áreas de vivienda tensionada.

Los incumplimientos de la ley 11/2020 de la Generalitat pueden comportar sanciones de 10.000 euros

Con el objetivo de verificar el grado cumplimiento de la norma, la Agència Catalana de Consum abrió el pasado diciembre una campaña de inspecciones, que inició de oficio a portales inmobiliarios que operan a través de internet.

Además de las inspecciones realizadas de oficio, la entidad ha recibido 248 denuncias por incumplimiento de la normativa. La campaña inspectora de Consum continúa abierta para asegurarse que los anuncios se ajustan a la ley marcada.

La medida se aprobó en el Parlamento catalán el pasado 9 septiembre con el voto a favor de Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Catalunya en Comú Podem y Candidatura de Unitat Popular (CUP).

La Agència Catalana de Consum ha recibido 248 denuncias de incumplimiento de la normativa

Aunque Ciudadanos y el Partido Popular (PP), junto a la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) alertó de la medida, asegurando que el Gobierno autonómico no tiene competencias para aplicar la reforma. El Tribunal ha aceptado a trámite el recurso, pero el decreto sigue vigente.

Como parte de la compaña, llevada juntamente con la Agència de l’Habitatge de Catalunya, y el Departament de Territori i Sostenibilitat, se ha contactado con colegios profesionales API y administradores de fincas de Cataluña y a los principales portales inmobiliarios. Además, la agencia ha organizado sesiones informativas dirigidas a estos colectivos.