Los extranjeros, ‘motor’ de la vivienda: a por nuevo récord de compraventas con la ‘golden visa’ bajo lupa

Los extranjeros aúpan la compraventa de viviendas en España. El número de transacciones realizadas por extranjeros residentes en España se encamina a un nuevo año de récord, con casi 70.000 compraventas hasta el tercer trimestre, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Fomento.

Desde 2010, la compra de viviendas por parte de extranjeros se ha más que triplicado, desde las apenas 21.576 transacciones que se realizaron en los nueve primeros meses de ese año. El gran impulso llegó con la aprobación de las denominadas golden visa en 2013, una medida que facilita visados para inversiones inmobiliarias superiores al medio millón de euros en España.

Desde entonces, la inversión inmobiliaria por parte de extranjeros se ha duplicado. País Vasco, Cataluña y Castilla-La Mancha han sido los polos donde más se han impulsado las transacciones desde entonces, con múltiplos del seis, cinco y cuatro, respectivamente.

En el último año, el motor ha sido el sol y playa y la zona centro, con subidas a doble dígito en Murcia y las Castillas, mientras que en los archipiélagos y en Cataluña descendió el número de operaciones protagonizadas por extranjeros.

Cerco a la ‘golden visa’

Los extranjeros se han convertido en uno de los motores del sector inmobiliario español, tanto por parte de los residentes como de los que viven fuera. Uno de los estímulos del aumento la compra de vivienda en España por parte de extranjeros fueron las denominadas golden visas. El Gobierno del PP fue quien introdujo en España este modelo, que tienen en la actualidad trece Estados miembro de la Unión Europea.

Fue en 2013 cuando se aprobó la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que incluía, entre otras cosas, “determinados supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y talento a España”.

Visados a cambio de inversión para estimular una economía que entonces tocaba fondo. Entre los supuestos que contempla la norma para conceder permisos de residencia se incluye la “adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante”.

Es, de hecho, el supuesto más utilizado de esa normativa: hasta octubre del año pasado lo utilizaron 546 personas, según el Ministerio de Exteriores, casi igualando a los de todo 2017, cuando se concedieron 563 permisos por adquirir inmuebles.

A finales del año pasado, el Parlamento Europeo comenzó a poner el foco sobre esta política de visados, alertando de que abre la puerta a delitos como la evasión fiscal, la corrupción o el blanqueo de capitales.

En un informe, elaborado por los eurodiputados Ludek Niedermayer (Partido Popular Europeo) y Jeppe Kofod (Socialistas y Demócratas), la Eurocámara advertía que los beneficios económicos de este tipo de programas no compensa los “graves riesgos” de blanqueo y evasión fiscal, y pedía a los Estados miembros que retiren “cuanto antes” este tipo de esquemas.