Vivienda ejecuta solo el 32% de su gasto en 2024, el que menos de todos los Ministerios

El compromiso del Gobierno con la vivienda como eje central de su política social no se está trasladando, al menos por ahora, a la ejecución real del Presupuesto del Estado. Y es que aunque el Ejecutivo ha anunciado planes ambiciosos, como el traspaso de 40.000 viviendas públicas a través de una nueva empresa estatal, la movilización de suelo público para aumentar la oferta de alquiler asequible, así como triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 para el período 2026-2030, el Ministerio de Vivienda es el departamento con menor grado de ejecución presupuestaria de los 22 departamentos que forman el Gobierno.

Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae), a cierre de 2024 solo se habían reconocido el 32,7% de las obligaciones sobre el crédito disponible, informa El País, el menor de todos los Ministerios. Este desfase entre los anuncios políticos y la realidad contable añade presión sobre una cartera clave para afrontar uno de los retos más urgentes del país: el acceso a la vivienda digna y asequible.

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destacan el dato resultante de contrastar los gastos comprometidos sobre el presupuesto, que en 2024 asciende al 95,4%. Aseguran que al ser “pagadores de subvenciones y de ayudas a otras Administraciones”, principalmente comunidades, gobiernos locales, y otras entidades, su ejecución depende de la justificación y presentación de documentos que permitan pagar los importes. Lo que diferencia a este porcentaje de realización respecto al que tiene en cuenta las obligaciones reconocidas, más habitual para comparar la ejecución.

Vivienda se defiende y dice que su cálculo arroja una ejecución mayor porque los recursos están asignados, pero el desembolso pendiente

El Ministerio defiende que su cálculo arroja una ejecución mayor porque aunque los recursos están asignados, el desembolso continúa pendiente. “Ese monto ya está en la caja esperando para ellos, da igual pagarlo este año o el siguiente, pero no se les puede dar dinero si ellos no acreditan que han construido, es contra justificación”, afirman. Otras fuentes contables explican que mientras no haya justificación no se puede considerar ejecutado.

En el marco de la Conferencia de Presidentes celebrada en junio en la ciudad de Barcelona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta a todos los presidentes y presidentas autonómicos en la que les invitaba a usar la cita para debatir la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda que debería basarse en compromisos recíprocos. Así, el presidente del Gobierno propuso a las comunidades autónomas triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 para el período 2026-2030.

El Gobierno de España se comprometía en el nuevo plan a aportar el grueso de esa suma (4.000 millones), siempre y cuando las comunidades asuman su corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones. El jefe del Ejecutivo recuerda que la política de vivienda es una competencia compartida y que las comunidades “nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora” (un 47% más entre 2019 y 2025 que entre 2012 y 2018), por lo que, sostiene, “es esencial que parte de esos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler”.

La reparto del gasto del Ministerio se produce en un contexto de Presupuestos Generales del Estado prorrogados por segundo año consecutivo. El Gobierno no ha logrado aprobar unas cuentas públicas nuevas desde 2023, justo antes de la convocatoria electoral, y esta legislatura aún no ha visto nacer una nueva guía de gastos e ingresos públicos. Esta circunstancia complica la práctica presupuestaria porque las partidas están sin actualizar.