El Ministerio pide a las comunidades más implicación en el nuevo Plan Estatal de Vivienda

El nuevo plan comienza a andar. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha expuesto este lunes a las comunidades autónomas los cinco objetivos que vertebrarán el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 consecuente del Acuerdo por la Vivienda que planteó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la XXVIII Conferencia de Presidentes de Barcelona.

Estos cinco objetivos son la construcción de más vivienda pública, mejorar el parque de vivienda ya existente desde el punto de vista de la eficiencia energética y la accesibilidad, adelantar la edad de emancipación de los jóvenes, la reducción de la tasa de esfuerzo para el pago de la vivienda por parte de la ciudadanía y revertir las zonas de mercado tensionado de vivienda. La reunión ha estado presidida por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, acompañado por el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín; la directora general de Planificación y Evaluación, Ana Berenguer; y el secretario general técnico, Pablo Torres.

Durante el encuentro, el departamento que lidera Isabel Rodríguez ha subrayado que para avanzar en la concreción del Plan Estatal 2026-2030 es imprescindible que las comunidades asuman los tres compromisos previos que les planteó el presidente: implicarse más en la cofinanciación de las políticas públicas de vivienda para triplicar la inversión, blindar de forma permanente la protección de las viviendas financiadas con fondos públicos y aumentar la transparencia en los datos.

El nuevo plan espera alcanzar los 6.700 millones de euros de presupuesto frente a los 1.700 actuales

Recientemente el secretario de Estado recordó como este nuevo plan previsto hasta 2030 contempla un importante incremento presupuestario hasta alcanzar los cerca de 6.700 millones de euros frente a los 1.700 millones actuales, aunque a cambio de un mayor esfuerzo presupuestario por parte de las comunidades autónomas.

Lucas volvió a insistir en que el Gobierno persigue que los inmuebles sean calificados con protección permanente, de manera que si la vivienda que se construye con recursos públicos se vende, se haga a los mismos precios asequibles que se compró y para unas personas con unas características similares.

Las 40.000 viviendas propiedad de la Sareb no se venderán, sino que servirán para aumentar el parque de vivienda en alquiler asequible de la nueva empresa pública de vivienda. Todas estas políticas, recalcó, buscan aumentar el parque de vivienda pública, actualmente en el 3,4%, para asemejarlo al 8% de media de la Unión Europea. Insistió en que el Gobierno también quiere evitar la fuga de viviendas del alquiler tradicional al de corta duración, para lo que ha cambiado la Ley de Propiedad Horizontal o ha creado el Registro de Alquileres de Corta Duración.