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María Andreu (Asval): “Pediremos una compensación por el tope al alquiler”

La directora general de Asval asegura que los propietarios han dejado de ingresar de media mil euros por cada vivienda como consecuencia del límite a la revisión de los alquileres decretada por el Gobierno.

B. Badrinas

2 feb 2023 - 04:58

Entrevista María Andreu

 

La directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) asegura que las políticas del Gobierno en materia de vivienda están reduciendo el parque en alquiler y perjudicando a las clases más desfavorecidas. Asval calcula que el tope del 2% a la revisión de los alquileres ha causado hasta ahora pérdidas de unos mil euros por propiedad alquilada. “El Gobierno ha presupuestado otras medidas sociales, pero no ésta, que se carga en la espalda del propietario”, señala Andreu. Asval cuenta con seis mil asociados, el 95% de los cuales son pequeños propietarios con una o dos viviendas en alquiler.

 

Pregunta: ¿Qué le parecen las medidas que está tomando el Gobierno en materia de vivienda?

Respuesta: En un primer momento y con el estallido de la pandemia, los propietarios entendieron que se habían de tomar medidas y, por lo tanto, entendieron que se limitara el alza de los alquileres, la prórroga de los contratos y también que se paralizaran los desahucios. Pero ahora esto ya no tiene sentido y consideran que estas medidas son arbitrarias. En cierta medida, los propietarios sienten que son el escudo social en estos momentos de crisis, un papel que debería asumir el Estado.

 

P.: En un contexto de precios disparados, los alquileres sólo pueden revisarse en un 2%...

R.: Hemos realizado una encuesta entre nuestros asociados, el 95% de los cuales son pequeños propietarios, y nos da como resultado que el 85% de ellos no repercuten en su totalidad la subida del IPC. La casuística es variada, pero principalmente la razón es porque hay buena relación con el inquilino.  Pero, claro, hay algunos casos puntuales que un propietario necesita subir la totalidad del IPC, porque necesita dinero, porque con el dinero del alquiler paga una hipoteca… Y no puede porque el Gobierno está interviniendo en un acuerdo privado entre dos personas, propietario e inquilino, y no ha dotado de presupuesto a esta medida. Otras medidas sociales sí que cuentan con presupuesto público y, por lo tanto, pediremos una compensación por parte del Estado por esta medida.

 

 

P.: Han amenazado con demandar al Estado por esta limitación de los alquileres.

R.: Nosotros como Asval no podemos demandar como tal, porque no tenemos propiedades en alquiler, no somos un sujeto afectado. Pero sí que, después de valorar diferentes alternativas, decidimos solicitar una responsabilidad patrimonial a las administraciones por esta medida. Es algo sencillo y económico. Hemos redactado un formulario de responsabilidad patrimonial para que cada propietario se lo haga llegar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es quien tiene las competencias, o para que nos lo remita a nosotros que también haremos un envío.

 

P.: ¿Cuánto han dejado de ingresar los propietarios por esta media?

R.: Calculamos que las pérdidas se elevan a como mínimo mil millones de euros, que es lo que han dejado de ingresar los propietarios por la limitación al 2% del alza de los alquileres. Más o menos estamos hablando de mil euros por propiedad. En un principio entendimos la medida, pero lo que no entendemos es por qué las administraciones no han compensado a los propietarios de alguna manera, como sí ha ocurrido por ejemplo en países como Portugal o Francia.

 

P.: Parecen ya unas medidas crónicas o estructurales.

R. Claro, en un principio se aprobaron para ayudar a las clases más vulnerables, pero ahora ya han perdido ese sentido. ¿Y qué hace el propietario si tardan años en deshauciar o no puede subir el precio del alquiler en un momento en que todo se encarece? Pues pide mayores garantías a la hora de alquilas una vivienda y busca perfiles económicos que le den más seguridad, lo que acaba perjudicando una vez más a los más vulnerables. Hay propietarios que no alquilan las viviendas o, simplemente, las venden porque no se les está ofreciendo un marco regulatorio estable.

 

 

P.: ¿Se está reduciendo el parque de viviendas en alquiler?

R.: Se está reduciendo porque se está desinvirtiendo. Es muy difícil atraer inversores si no les das un entorno regulatorio seguro. Ahora que está de moda el build-to-rent hay que apuntar que no es lo mismo construir para vender que para alquilar. Las características de los proyectos son diferentes y si no hay una regulación clara es muy difícil calcular costes y poner en marcha proyectos.

 

P.: ¿Qué le parece los detalles que se van conociendo de la Ley de la Vivienda?

R.: Creo que esta ley no solucionará nada porque no incide en el principal problema, que es la falta de oferta. La limitación de precios está demostrado que reduce la oferta de alquiler y la definición de zona tensionada no se entiende. Pero es que, además, las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y, al final, serán ellas las que tendrán que decir. Es decir, en algunas comunidades se aplicarán unas medidas y en otras, no. Todo es consecuencia de la gran politización que este Gobierno ha introducido en la gestión de la vivienda.

 

P.: ¿Cómo se resuelve la gran falta de vivienda que hay, sobre todo en las grandes ciudades?

R.: La falta de oferta hace que los precios sean cada vez más altos y que, por tanto, sea más difícil acceder a una vivienda. Nosotros hemos propuesto una mayor colaboración público-privada para comenzar a reducir un déficit que, según calculamos, está en dos millones de viviendas. El Estado no tiene capacidad para atender estas necesidades, pero a la vez es responsabilidad suya que todo el mundo tenga una vivienda digna. Desde el sector privado, ya propusimos el año pasado ceder 25.000 viviendas al Estado con unas garantías, pero aún estamos esperando una respuesta.