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Diario de información económica del sector inmobiliario

16 Julio 2020F06.47h

C

Mercado

Por EjePrime
22 Abr 2020
F18.37h
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Moda y hostelería cargan contra la moratoria y reclaman condonaciones del alquiler

La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), sostiene que el sector necesita una condonación porque las ventas no se van a recuperar.

Moda y hostelería cargan contra la moratoria y reclaman condonaciones del alquiler

Condonación, no moratoria. Eso es lo que piden los empresarios de la hostelería y la moda de España, que valoran que las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para autónomos y pymes “no son suficientes”.

 

“El decreto nos ha causado cierta sorpresa, nos parece que genera un problema”, asegura Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (Cehe). “Pedíamos la eliminación de todos los costes mientras hay un cierre porque los ingresos son cero, y si los costes no se acercan a cero, las empresas mueren”, sostiene.

 

“Hemos instado desde hace mucho tiempo a que el gobierno interceda en materia de alquileres”, dice Eduardo Zamácola, presidente de Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). “Igual que dijimos con los créditos ICO, no necesitamos más deudas, sino una condonación”, sostiene el empresario.

 

Zamácola argumenta que los ingresos perdidos durante el periodo de cierre forzado de tiendas no sólo no se van a recuperar en los próximos meses, sino que “vienen meses de ventas muy bajas”, explica.

 

 

 

 

Para el presidente de Acotex, la solución pasaría por ofrecer ayudas a los propietarios, no a los inquilinos. “Entiendo que ellos no se pueden quedar tampoco sin ingresos, pero en lugar de darnos a aplazamientos a nosotros que les den ayudas a ellos”, sostiene.

 

En la misma línea, Gallego asegura que “las moratorias no son la solución, son una huida hacia delante”. “Pedimos que se haga una quita porque, si esta situación dura muchos meses, muchas empresas no volverán a abrir cuando se pueda porque se les está drenando la tesorería”, añade.

 

Otras agrupaciones como la Asociación Española de Centros Comerciales (Aecc) ha declinado valorar las medidas del Gobierno.

 

El real decreto publicado esta mañana recoge una serie de medidas de apoyo a pymes y autónomos. Sobre el arrendamiento de activos para uso distinto del de vivienda (incluyendo tiendas y oficinas), el Gobierno establece una moratoria automática durante el tiempo que dure el estado de alarma, con un máximo de cuatro meses.

 

 

 

 

La renta se aplazará sin penalización a partir de la siguiente mensualidad, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante un plazo de dos años, a contar a partir del momento en el que termine el estado de alarma o los cuatro meses de plazo máximo, “siempre dentro de la vigencia del contrato de arrendamiento”.

 

La medida sólo se aplica a pymes y autónomos con grandes tenedores. Se entiende como gran tenedor personas o empresas con más de diez inmuebles urbanos en propiedad, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.

 

 

 

 

El Gobierno reconoce que “la falta de ingresos o la minoración de los mismos durante el periodo que dure el estado de alarma puede dar lugar a la incapacidad financiera de autónomos y pymes para hacer frente al cumplimiento, total o parcial, de sus obligaciones de pago de renta de locales en alquiler que pone en serio riesgo la continuidad de sus actividades”.

 

A falta de acuerdo entre las partes (que prevalecería sobre la moratoria), ni la ley de Arrendamientos Urbanos ni el Código Civil recogen una exclusión del pago de la renta por fuerza mayor. Es por ello que se ha decretado esta regulación específica, en línea con la cláusula rebus sic stantibus, de elaboración jurisprudencial.

 

Esta cláusula permite la modificación de las obligaciones contractuales si ocurren varios requisitos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual.

 

 


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