La Generalitat lanza una campaña para el cumplimiento de la regulación de los alquileres. El Ejecutivo catalán, a través de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) y la Agència Catalana de Consum (ACC) verificará que los anuncios y los contratos de viviendas en alquiler se ajusten a la nueva ley de contención de rentas.

Tras una campaña informativa, la Generalitat catalana ha asegurado que antes de que finalice el año realizarán una serie de inspecciones en diferentes empresas para garantizar el cumplimiento total de la Ley.

La campaña impulsada por la Generalitat busca que se cumpla la Ley 11/2020 que limita los alquileres a precios máximos de referencia o a el importe de la renta anterior actualizada en unos sesenta municipios declarados como áreas de mercado de vivienda tensionado. Además, también se verificará la aplicación de la ley 17/2019 aprobada el pasado año, por la cual el índice de referencia de precios de alquiler tiene que aparecer en las ofertas y los contratos.

Cataluña aprobó la regulación de los alquileres el pasado 9 de septiembre

La Generalitat ha enviado un comunicado a los colegios de profesionales de API y a los colegios de administradores de fincas de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, donde se les pide que informen a sus colegiados de la obligatoriedad de cumplir la ley de vivienda. Desde el Ejecutivo catalán también se ha enviado un comunicado a los principales portales inmobiliarios.

La norma, que entró en vigor el pasado septiembre, congela y baja los precios de los alquileres en sesenta de municipios catalanes que tienen más de 20.000 habitantes, aunque la rehabilitación de viviendas y las obras de mejora en los inmuebles también permitirá incrementar las rentas del alquiler.

La medida se aprobó en el Parlamento catalán el pasado 9 septiembre con el voto a favor de Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Catalunya en Comú Podem y Candidatura de Unitat Popular (CUP).

Aunque Ciudadanos y el Partido Popular (PP), junto a la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), han anunciado que llevarán la Ley al Tribunal Constitucional, asegurando que el Gobierno autonómico no tiene competencias para aplicar la reforma.