El Gobierno acelera en la nueva legislación sobre vivienda. El Ejecutivo contempla aprobar la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda el próximo febrero e introducir una enmienda para que se aplique en un plazo menor a los seis meses desde su aprobación, según avanza El Confidencial. 

De cumplirse los plazos previstos por el Ejecutivo, la Ley de la Vivienda entraría en funcionamiento en septiembre, con lo que se llegaría a las elecciones generales previstas para final de año con una de las propuestas estrella del programa de Gobierno formado por el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y Unidas Podemos (UP) en vigor. 

El anteproyecto de Vivienda se aprobó en Consejo de Ministros en segunda vuelta en febrero de 2022 y actualmente se encuentra en fase parlamentaria. El texto ha recibido 860 enmiendas por parte de los socios de investidura.

El texto ha recibido 860 enmiendas por parte de los socios de investidura

Para los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas, el texto prevé -sólo en zonas tensionadas- que el inquilino pueda pedirles prórrogas anuales del contrato hasta un máximo de tres años con la renta congelada. 

Otros puntos del texto es penalizar las viviendas vacías, pues el anteproyecto prevé que los ayuntamientos aplique un recargo del 50% en la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las que permanezcan desocupadas sin justificación más de dos años; del 100 % si está vacía más de tres años y del 150 % si el propietario tiene cuatro inmuebles desocupados en el mismo término municipal.

En los últimos días también ha trascendido que, en el marco de la nueva legislación, el Ejecutivo planea rebajar el número de viviendas que definen a un gran propietario o tenedor, que actualmente está fijada en diez unidades o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, aunque todavía no ha salido a la luz pública la cifra que el Gobierno baraja.

El Ejecutivo planea rebajar el número de viviendas que definen a un gran propietario o tenedor

En paralelo al impulso de la Ley de la vivienda, el Gobierno de coalición formado por Psoe y UP se ha distinguido durante lo que llevamos de legislatura por aplicar nuevas regulaciones al mercado del alquiler. 

A finales del año pasado, el Ejecutivo aprobó la ampliación del límite del 2% en la actualización del alquiler hasta final de 2023. La medida forma parte del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el grupo parlamentario EH Bildu, por el que la formación política vasca se comprometía a dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del próximo curso. 

La medida establece, que, en ausencia de pacto, la renta del contrato no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), un índice situado en el 2% y que no puede superar ese porcentaje de acuerdo con su definición. 

De acuerdo con la regulación aprobada a final de marzo, la cuantía del incremento a aplicar en la renta del contrato será la establecida en un nuevo pacto entre arrendador y arrendatario, estableciéndose que, en caso de no alcanzarse dicho nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta no podrá exceder en ningún caso de la referida variación anual del IGC, a fecha de dicha actualización.