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El Gobierno aprueba la Ley de Vivienda y solicita su tramitación de urgencia

El consejo de ministros aprueba el envío al Congreso de la futura norma y la ministra Sánchez ha subrayado que “se han incorporado comentarios” para “clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica”.

EjePrime

1 feb 2022 - 16:09

El Gobierno aprueba la Ley de Vivienda y solicita su tramitación de urgencia

 

El consejo de ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Vivienda, pese al informe preceptivo en contra del Consejo General del Poder Judicial (Cgpj), y remitirá el texto al Congreso para su tramitación de urgencia.

 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha referido a ese informe que el Gobierno ha estudiado “con respeto absoluto a las consideraciones” y ha señalado que se han “incorporado comentarios” para “clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica”.

 

“El Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda y pone a su disposición aprobar todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico”, ha dicho la ministra Sánchez.

 

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también propulsora de la normativa, ha añadido que la ley “era absolutamente imprescindible para empezar a dar los primeros pasos en la dirección correcta”. “Esta ley protege a los inquilinos, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y exige responsabilidad a los grandes propietarios”, ha apuntado Belarra.

 
 

Esta primera Ley de Vivienda pretende abordar “la problemática de la vivienda en toda su dimensión”, como ha señalado Sánchez. La normativa busca garantizar el acceso a la vivienda, evitar la especulación inmobiliaria, proteger el parque público de vivienda social, dar alternativa a los desahucios o incentivar la movilización de los inmuebles vacíos, entre otras medidas.

 

Sin embargo, el punto que ha resultado más polémico es la limitación del precio de los alquileres. Los topes a las rentas se establecerán en las consideradas “zonas tensionadas”, para lo que el Ejecutivo establece un plazo de 18 meses para fijar su limitación desde la entrada en vigor de la ley, una vez que se apruebe en el Parlamento.