José Luis Mateo (Gobierno Balear): “Las islas aumentarán la oferta en 5.000 nuevas viviendas”

El consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad de Illes Balears hace balance en el segundo aniversario de la llegada al gobierno regional de la presidenta Marga Prohens y su equipo. José Luis Mateo destaca que “desde el primer día” este ejecutivo regional se puso a trabajar en algo que considera “clave”, un plan de choque para paliar la falta de vivienda. El responsable agradece a su predecesora, Marta Vidal (que renunció al cargo por motivos familiares), “el gran trabajo realizado, ya que en los primeros meses de legislatura logró aprobar un decreto ley de emergencia habitacional”. Mateo asegura que, con esta norma y una serie de iniciativas adicionales a medio y largo plazo, el ejecutivo regional tiene previsión de conseguir unas 5.000 nuevas viviendas en las islas durante los próximos años. A la vez, se desmarca de la labor del anterior gobierno (presidido por Francina Armengol, de 2015 a 2023) y asegura que “debe haber vivienda pública, ya que es una pata esencial para la sociedad, aunque se necesita más; también debe potenciarse la colaboración público-privada y se tienen que tomar otras medidas, como la de recuperar viviendas vacías”.  

Pregunta: ¿Qué valoración hace de las medidas que han puesto en marcha en materia de vivienda?

Respuesta: Vivimos un clarísimo problema de oferta, que se soluciona de dos maneras: por un lado, hay que hacer emerger la oferta de vivienda que está oculta, tanto para alquiler como para compra, y, por otro, hay que construir más. Gracias a la Ley 3/2024 (de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas en Balears), tenemos ya planificadas más de 1.700 viviendas. Un ejemplo de ello es la reconversión de locales comerciales a viviendas que se ha efectuado, y con la que ya tenemos 207 nuevas casas. También, mediante el cambio de uso de equipamiento público, tendremos 667 viviendas adicionales, mientras que, con el cambio de uso de equipamiento privado, lograremos 526 más. Aparte, en términos de colaboración público-privada, hemos empezado a construir para alquilar (BTR) y tenemos previsión de alcanzar casi 2.400 viviendas más. Así, tanto el Gobierno balear (la consejería de Vivienda) como los ayuntamientos (más necesitados, como Palma, Calvià y Santa Eulalia, por ejemplo) ceden suelo municipal para que, sobre él, mediante licitaciones y concursos públicos, las empresas ganadoras de estos procesos construyan promociones de viviendas de alquiler a precios asequibles. Recuperarán la inversión a lo largo de los 75 años en los que se cede la gestión de los alquileres al promotor privado y, entonces, la propiedad del edificio revertirá en la administración, al partir de suelo público. En paralelo, no olvidamos la promoción pública del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), con lo que hay más de 1.000 viviendas en planificación. Y también tratamos de recuperar pisos vacíos que no están destinados al alquiler residencial para que salgan al mercado mediante el programa ‘Lloguer Segur’ (‘Alquiler Seguro’), con el que tratamos de dar seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios. Con todo, prevemos alcanzar esas cerca de 5.000 nuevas viviendas en próximos años.  

“La falta de vivienda no es única de Balears, aunque el turismo implica ciertas particularidades”

P.: No obstante, la población en las islas no para de crecer y hacen falta todavía muchas más. ¿Qué medidas adicionales se deberían tomar en este sentido?

R.: La falta de vivienda no es única de Illes Balears, aunque en este caso, nuestra situación supone también particularidades, debido a la industria turística y los alquileres vacacionales. Por eso, otro gran pilar de nuestro plan de choque es la construcción de nuevas viviendas. Así, con la aprobación del decreto ley (ya mencionado) convalidado en el Parlament, entró en vigor la normativa sobre proyectos residenciales estratégicos (PRE) en Palma. Y ahora, gracias a un acuerdo con Vox, se encuentra en fase de tramitación como proyecto de ley en la cámara autonómica para extender la medida también a localidades de más de 10.000 habitantes en todo el archipiélago. Lo que tratamos de hacer es agilizar procedimientos lo máximo posible, para poder tramitar todo el suelo urbano y urbanizable, destinado a ser construido, y ponerlo a disposición de los municipios de más de 10.000 habitantes. Unificamos tres procedimientos (reordenación, reparcelación y urbanización) en uno solo y reducimos de un proceso que podría durar entre 10 y 15 años a otro que solo necesita de 18 a 24 meses.  

P.: El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) cuenta en 2025 con un presupuesto de 106 millones de euros, de los que 60 millones serán destinados a vivienda pública y de protección. ¿Es ese dinero suficiente?

R.: Lo ideal sería contar con muchos más fondos para poder llevar a cabo todas las acciones que queremos realizar. Sin embargo, este es el presupuesto más alto de la historia del Ibavi. Hacemos una apuesta muy clara por la vivienda, también por la pública, algo que hemos reforzado, con más de mil viviendas en nuestras proyecciones. Aparte, recientemente este organismo ha firmado un convenio con la Guardia Civil para ceder quince pisos a aquellos agentes que los puedan necesitar. También, estamos dispuestos a colaborar con distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este sentido. De igual modo, el Ibavi formaliza convenios con diversas consejerías, así como con el tercer sector y el instituto balear de la mujer (IB Dona) a fin de ceder, en Menorca, viviendas destinadas exclusivamente a aquellas mujeres que hayan podido sufrir violencia de género. Es decir, no solo apostamos por la vivienda pública, sino que también prestamos atención a la obra social, para generar mejoras en la sociedad y sus prestaciones.

P.: Se acaba de crear la asociación de promotores de Baleares (Aproviba), “con la vocación de crear vivienda asequible para los residentes”. ¿Cuál es su valoración de esta iniciativa?

R.: Todo aquello que venga a proporcionar soluciones siempre será bienvenido. Esperamos en breve poder mantener una reunión con los responsables de esta asociación. Lo que nos congratula es que, al final, todas las asociaciones (constructores, promotores, perjudicados por las hipotecas, pequeño comercio y consumidores en general), junto a nosotros, queremos trabajar en el mismo sentido, con el objetivo de conseguir alcanzar soluciones. Si remamos todos en la misma dirección, encontrar respuestas será muchísimo más sencillo, así que nos alegramos de contar con una asociación que tenga la voluntad de unirse a nosotros y sea consciente de que estamos ante un reto mayúsculo.  

“Toda iniciativa que facilite soluciones en materia de vivienda es bienvenida”

P.: En cuanto a los anuncios del Gobierno de España, ¿qué piensa sobre la compra de viviendas y fincas rústicas por parte de extranjeros (comunitarios y no comunitarios)?

R.: La Unión Europea (UE) ya se ha manifestado sobre este tema, y lo ha hecho en la misma línea que venimos vaticinando desde hace meses. Ya no solo hablamos desde el punto de vista de los impuestos, sino también cuando se intenta regular la adquisición de bienes inmuebles por parte de no residentes. Creo que deberíamos tener muy en cuenta que formamos parte de la UE, a la que nos adherimos en su día con unas condiciones muy concretas, y que hay unos principios rectores de esta unión que tienen que ver con la libre circulación de personas, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales. Hay unas reglas de juego que hemos decidido entre todos y no podemos saltarnos de ninguna manera. Debemos tener muy claras esas normas a las que todos hemos dicho que sí. Además, llama la atención que ese conjunto de medidas que se vienen anunciando (creo que de forma muy improvisada) se dan como respuesta a situaciones que nada tienen que ver con la vivienda, sino ante problemas políticos que tienen que ver con la presidencia del Gobierno. Por el contrario, cuando se tenía que hablar de vivienda, como en la reciente Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, no se hizo, sino que simplemente se leyó una carta con una serie de medidas. Desde febrero, todas las comunidades autónomas estamos esperando poder celebrar una reunión de la conferencia sectorial de Vivienda para tratar los problemas pendientes y redactar un borrador de plan nacional, porque debemos tener unas bases sólidas sobre las que el Gobierno de España pueda trabajar en coordinación con las autonomías. Si no sabemos por dónde va a ir ese plan de vivienda y nos fijamos en medidas que solo podemos catalogar de improvisadas y ‘a salto de mata’, veremos que la situación solo genera inseguridad. Creo que la Ley de Vivienda de 2023 da todo lo contrario a facilidades y no va, de ninguna manera, en la línea de actuación que el gobierno balear tiene marcada. 

P.: En las islas, una buena parte de trabajadores residen solo durante la temporada turística, de abril a octubre, ¿hay fórmulas para encontrar soluciones (temporales) para ellos?  

R.: En este caso, estamos intentando, por una parte, hacer aflorar esa gran cantidad de viviendas que permanecen ocultas y, por otra, estamos tratando de suscribir convenios con distintos sectores de actividad donde creemos que podemos echar una mano. A corto plazo, resolver la falta de viviendas es complejo. Es cierto que se puede usar alguna medida cortoplacista, como la reconversión de locales, o intentar que programas como ‘Lloguer Segur’ nos ofrezcan resultados de forma más inmediata. Adicionalmente, también intentamos que, en cada uno de los sectores, así como en el ámbito turístico, se pueda trabajar para poder reconducir la situación. Los propios hoteleros probablemente podrían contribuir a facilitar alojamiento a aquellos que vienen solamente para trabajar de temporada, por ejemplo.  

“El alquiler vacacional ilegal representa casi la cuarta parte del total; estamos luchando contra ello, lo que repercute de forma positiva sobre la vivienda”

P.: ¿Debería ser la industria hotelera quien se haga cargo de esa situación y dé soluciones de vivienda a sus empleados?

R.: La medida debería ser conjunta. Considero que muchos hoteleros ya son conscientes de este problema y, por ejemplo, en zonas turísticas maduras que necesitan cambios, ya se está pensando en fórmulas para resolver esta situación. Así, todo lo que venga a sumar, por parte de cualquier sector, siempre será aplaudido. Nosotros no venimos a exigir ni a ordenar, sino que consideramos positivo todo aquello que logre aportar algún tipo de solución. Además, desde los cuatro consejos insulares, se están llevando a cabo un conjunto de iniciativas para luchar contra el alquiler vacacional ilegal, lo que repercute de forma positiva sobre la vivienda. Hasta ahora, prácticamente no se había luchado contra estas plazas ilegales, que han aumentado en 115.000 durante los ocho años (del gobierno balear anterior) y ya representan prácticamente la cuarta parte del total de plazas turísticas. Ahora, se está trabajando en este sentido y, de hecho, una de las iniciativas incluidas en el decreto ley de medidas turísticas precisamente va en esa dirección: si se impone una sanción a alguien por estar realizando actividad turística de forma ilegal, se puede condonar parte de esa sanción si ese alquiler turístico es redirigido a residencial asequible. Desde cualquier ámbito, se pueden dar soluciones. Por ejemplo, también estamos trabajando en el ámbito sanitario junto a la conselleria de Salut, para poder tener viviendas para los trabajadores que vengan destinados desde la península o desde cualquier otra isla a trabajar en nuestros centros sanitarios, al igual que hacemos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.  

P.: ¿Cómo se pueden alcanzar el equilibrio y la convivencia entre los visitantes/turistas y la población local en las islas?

R.: Para empezar, debo decir que somos una comunidad autónoma ‘orgullosamente turística’, porque en las islas ha habido un antes y un después de la industria turística. Hemos sido pioneros, estamos a la vanguardia en el know how del sector turístico en su conjunto. Eso no excluye que podamos pensar en diversificar la economía del archipiélago, por supuesto que sí. ¿Llega el momento de hablar de límites? Nuestra presidenta (Prohens) lo vaticinó ya hace un año en el Parlament. Por primera vez en la historia de las islas, se ha hablado de alcanzar un pacto social con todos aquellos que quieran participar, para hablar de contención, para tener claro qué queremos como islas, qué aspiramos a ser de ahora en adelante y qué cambios debemos afrontar para tender al equilibrio. Debemos encontrar un balance entre lo que somos, lo que queremos ser y las actividades económicas que realizamos. Asimismo, tiene que haber también convivencia entre aquellos que vienen a visitar estas islas y aquellos que las elegimos para vivir. Creo que se debe poner el foco en aquellas personas que viven aquí. Lógicamente, eso requiere de un gran esfuerzo para el que ya se han puesto las primeras piedras, con nuestra iniciativa Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental. Estamos trabajando en un conjunto de medidas que se pueden adoptar desde todos los ámbitos: no solo desde el turístico, sino también desde el de la vivienda, así como desde el empresarial y el industrial, entre otros.