La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de la Vivienda

Madrid mueve ficha contra la Ley de la Vivienda. La Comunidad de Madrid acordó en su consejo de Gobierno celebrado ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de la Vivienda al considerar que varios de sus artículos invaden competencias recogidas en su estatuto de autonomía.

El Ejecutivo de la región aseguró que la normativa se extralimita en la interpretación de las materias sobre las que el Estado, según el artículo 149 de la Constitución Española, tiene competencia. La Comunidad recordó que para el recurso contará con el respaldo de su abogacía general.

El Gobierno madrileño defiende que existen argumentos para sostener la inconstitucionalidad de hasta once apartados de ocho artículos de la Ley y también de una de las disposiciones finales relativa a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El eje de su razonamiento está en el hecho de que la vivienda es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno madrileño defiende la inconstitucionalidad de once apartados de ocho artículos de la Ley y también de una de las disposiciones finales 

Los aspectos en los que se fundamenta el recurso ante el TC inciden en la excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia sobre protección pública o a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.  

Tras la aprobación de la Ley a finales de mayo por el Senado, y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), surgieron serias dudas de que las autonomías gobernadas por el PP (Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Murcia) aplicasen puntos importantes de la nueva legislación.

En el País Vasco, donde gobierna el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que votó en contra de la norma, también había dudas. En otras comunidades autónomas, como Cataluña, partidos con un peso importante, como Junts per Catalunya, también se opusieron al proyecto de ley en el Congreso y el Senado.

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas están legitimados para plantear recurso de inconstitucionalidad frente a leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que afecten a su propio ámbito de autonomía.