Nuevo revés en la Operación Chamartín. Distrito Castellana Norte celebra este jueves su junta general, en la que Bbva, su máximo accionista, hará valer su mayoría para aprobar sin consenso un cambio en los estatutos que le permitirá deshacerse de las acciones sin derecho al tanteo para sus socios minoritarios: Merlin y San José.

Con el 75,5% de las acciones de Distrito Castellana Norte (DCN), la sociedad gestora del proyecto, Bbva aprobará hoy la reforma de los estatutos, pero quedará pendiente la realización del arbitraje, que podría alargarse un año.

La compañía mejor posicionada para hacerse un hueco en el proyecto es el brazo inversor de la aseguradora francesa Axa, según informa El Confidencial. Desde Bbva, apuntan que en la nueva fase del proyecto se requerirá más inversión, por lo que “tiene sentido flexibilizar la transmisibilidad de las acciones”.

Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, aseguró ante la junta de accionistas del pasado abril que la compañía está comprometida con el proyecto de rehabilitación y permanecerá hasta su finalización, algo previsto para dentro de veinte años.

Distrito Castellana Norte celebra hoy su junta general donde se modificarán los estatutos

Merlin entró en el accionariado de DCN en noviembre de 2019 con la compra del 14,46% de las acciones del proyecto a Grupo San José a cambio de 168,9 millones de euros y un préstamo de cien millones de euros.

El mayor proyecto de renovación urbana de Europa superó sus últimos trámites administrativos en 2020 y está previsto que sus obras empiecen en 2021 y se alarguen durante 25 años. Se contempla levantar 10.476 viviendas, de las cuales un 20% tendrán algún tipo de protección oficial. Además, el proyecto incluye el desarrollo de un centro de negocios con capacidad para más de 125.000 empleados. En total, acogerá 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas.

 Se calcula que durante las obras de desarrollo se generen 63.000 empleos directos, 31.000 empleos indirectos y otros 23.000 empleos inducidos. Además, la inversión estimada será de 2.800 millones de euros dedicados a infraestructuras, 488 millones en equipamientos públicos y más de 4.000 millones para la construcción de nuevos edificios.