Barcelona se abre a revisar el 30% de VPO obligatorio en los proyectos de vivienda

La política impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona que obliga a los promotores a destinar el 30% de cada proyecto residencial de la ciudad a vivienda social, a reflexión. Ocho años después de su aprobación, el objetivo de esta iniciativa, que era impulsar el desarrollo de oferta residencial asequible, no ha podido ser alcanzado, suponiendo, de hecho, el efecto contrario: un frenazo en la promoción. Según los últimos datos conocidos, a finales de 2025, tan solo se habían finalizado 31 viviendas en seis fincas, de las que solo tres eran de nueva promoción.

La normativa, que se aplica tanto a la construcción nueva como a grandes rehabilitaciones en suelo urbano consolidado de más de 600 metros cuadrados, ha provocado la huida de promotores del mercado de la capital catalana, frenando la construcción de vivienda, algo que desde la administración pública reconocen que no era su fin.

“Los objetivos que se plantearon en ese plan no se han conseguido, con lo que toca reflexionar e intentar buscar consensos, para lograr el objetivo de generar vivienda asequible que no se está consiguiendo. Se buscará un consenso político para tener la herramienta que lo logre”, ha asegurado Joan Cambronero, gerente de Urbanismo y de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, durante el 12ª edición del foro Iese Real Estate.

El responsable del Ayuntamiento de Barcelona reconoce que la medida no ha conseguido los objetivos planteados, por lo que buscarán “consenso político” para tener la herramienta que se logre

Cambronero también ha reconocido que la necesidad de mejorar en materia de gestión urbanística para impulsar el desarrollo de vivienda. “Las administraciones tenemos que poner más fácil la tramitación de suelo, tiene que ser mucho más ágil de lo que es actualmente”, señala, aunque reconoce que la situación de cada comunidad autónoma o territorio es diferente. “Barcelona tiene dificultades para aflorar suelo urbano por las características de su territorio”, recuerda

En el mismo encuentro, el consejero delegado de Culmia, Francisco Pérez, ha pedido a los responsables de las administraciones públicas ser “innovadores” para facilitar la necesaria promoción de vivienda, principalmente en mercados como Madrid, Barcelona y Valencia, impactados por el crecimiento geográfico. “Hay que atreverse a hacer cosas que no se han hecho hasta ahora. Al sector privado, a finales de los 90, se le decía que no iba a ser capaz de cubrir la demanda entonces que había de vivienda, y lo hizo. Ahora lo mismo. El sector se espabilará pero la administración tiene que atreverse a hacer cosas diferentes como cambiar que los planes generales diseñados para viviendas de 120 metros cuadrados, no permitan hacer unidades más pequeñas o suelos dotaciones que están parados desde 2007, utilizadlos”, apuntó Pérez.

Por su parte, Carolina Roca, presidenta de la patronal madrileña de promotores Asprima, ha puesto el foco en mejorar la gestión no solo de licencias urbanísticas, también otros requerimientos para un desarrollo inmobiliario, como son los suministros. “Hay muchísimas cuestiones que retrasan la entrada de oferta en el mercado, ya sea por la Confederación Hidrográfica, por el Canal de Isabel II, por Ia compañia energética o la necesidad de un estudio arqueológico”, reconoce Roca.