Comprar pisos: la nueva moda entre las administraciones ante el agujero en VPO

La administración se va de compras. Varios ayuntamientos y comunidades autónomas han iniciado la compra de propiedades de particulares para hacer frente a la cada vez más acuciante falta de vivienda. El incremento en el precio de la vivienda, junto a la falta de propiedades de alquiler asequible, apremia a los gobernantes a que busquen nuevas formas de aumentar el parque público social.

Cataluña lidera actualmente la compra de inmuebles privados, habiendo incorporado 10.100 propiedades al inventario público desde 2023. En contraste, otras comunidades han tenido menos éxito, encontrándose en fases iniciales de sus planes de compra o prefiriendo otras formas de colaboración público-privada. Por ejemplo, Madrid, Galicia y Andalucía han adquirido menos de 300 propiedades cada una de particulares.

Estos planes de compra de vivienda privada coinciden con el inicio del curso, en un contexto donde los precios de la vivienda están en su punto más alto desde 2008, y fuentes del sector indican que el precio por metro cuadrado seguirá aumentando. Mientras tanto la construcción de vivienda pública lleva años estancada; en 2023 se inició la construcción de 12.304 inmuebles protegidos, menos que las 13.022 del año anterior. Desde 2018 a 2023 se han construido, de media, 12.553 viviendas protegidas, frente a las 90.531 viviendas protegidas que se iniciaron en 2008 en el inicio de la Gran Recesión.

En 2008 se construyeron 90.531 viviendas protegidas. En 2023: 12.553.

El 27 de agosto, el Ayuntamiento de Madrid lanzó la campaña “¿vendes tu vivienda? El Ayuntamiento de Madrid te la compra” ofreciendo precios de mercado a particulares que quieren deshacerse de sus propiedades. EL 27 la empresa municipal Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) informaba que ha comprado e incorporado a su patrimonio trece viviendas en el primer día de la nueva iniciativa. En total la Comunidad de Madrid ha comprado 246 viviendas a particulares desde 2019.

En Cataluña, la Generalitat, a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), ha culminado antes de plazo el Plan impulso 10.000, incorporando este número de viviendas, de las cuales alrededor de 1.000 eran de grandes tenedores. El costo total de la iniciativa se ha situado en cien millones de euros. No obstante, en 2023 el número de solicitudes en el registro de vivienda protegida era de 92.775, y este número se alzó hasta las 97.569 solicitudes a finales de junio, la gran mayoría en la provincia de Barcelona (85.638).

El Ayuntamiento de Valencia es otro que compra pisos particulares: aunque no busca pisos activamente pide a los ciudadanos que estén planeando vender que se pongan antes en contacto con ellos. Solamente en Valencia existen 30.790 solicitudes en el registro de demandantes de alquiler social, cuando, en enero de 2023, había 13.356 solicitantes en toda la comunidad.

En Galicia, la comunidad lanzó en 2018 un programa que contemplaba la adquisición de pisos abandonados para rehabilitarlos en los cascos históricos de los ayuntamientos de Ferrol, Betanzos, Lugo y Ourense, rehabilitando en total menos de cien inmuebles. Este año la Xunta ha decidido optar por un plan público-privado, donde se van a expropiar parcelas para que promotores privados levanten 20.000 viviendas.

En Andalucía, también en 2018, las Empresa Municipal de Vivienda Pública de Sevilla empezó a adquirir viviendas vacías, comprando más de 300 viviendas a particulares y empresas desde entonces.

Aumento de la colaboración público-privada

A principios de año, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) anunció la licitación de 3.500 viviendas de alquiler asequible. Las viviendas que se levantarán forman parte del llamado “proyecto Viena” por el que se construirán 50.000 viviendas asequibles. De ellas, 21.000 viviendas las van a desarrollar las distintas administraciones públicas y 15.000 alquileres provendrán de la construcción residencial en colaboración público-privada, el resto, 14.000, están ocupadas.

Las primeras viviendas del proyecto Viena se distribuyen entre Comunidad Valenciana (1.065 viviendas), Cataluña (668), Andalucía (589), Canarias (337), Galicia (301), Murcia (181), Madrid (177), Castilla y León (131), Castilla La Mancha (124), Asturias (101) y Aragón (39).

En Madrid, la EMVS ha puesto en marcha este mes el Plan Suma Vivienda con el objetivo de construir 2.200 pisos de alquiler asequible en Los Berrocales y Los Ahijones.

El proyecto Viena de la Sareb facilitará que 15.000 alquileres provengan de la colaboración público-privada

Una de las últimas firmas en sumarse a este proyecto en Madrid ha sido Kronos, mediante la adquisición de 7.500 metros cuadrados edificables en una compra por 24 millones de euros, que le permitirá levantar 110 viviendas.

 Algunos otros ejemplos de firmas interesadas en esta zona de Madrid, con una inversión total por encima de 600 millones de euros, son Mazabi y Myjoja (a través de la sociedad Atalaya Desarrollos Urbanísticos), que ya han efectuado su segunda compra de suelo por valor de 8,3 millones de euros; la gestora Ibosa, que prevé construir 74 pisos en régimen de cooperativa para entregar dentro de tres años, y la promotora Aurquia, que fue la primera en conseguir una licencia para edificar 45 viviendas.

En Andalucía, este verano, la comunidad ha impulsado su propia ley de vivienda, que entrará en vigor en 2026. Uno de sus ejes es la colaboración público-privada y el ejecutivo Andaluz prevé alcanzar la construcción de 20.000 viviendas de protección oficial en tres años.

Otras comunidades como Extremadura disponen de partidas presupuestarias menores para la compra de inmuebles privados. Esta comunidad dispuso en 2023 de una partida de 1,07 millones de euros.